La Contraloría General acelera investigaciones sobre "pirámides"

Un plazo perentorio de treinta dias fijará la Contraloría General de la República a los alcaldes y gobernadores de varios departamento del país para que informen al organismo si comprometieron recursos públicos en las "pirámides" o tienen conocimiento de otras operaciones de esa naturaleza. El emplazamiento se extenderá también a gerentes y presidentes de entidades públicas, notificó el contralor Julio César Turbay Quintero. El requerimiento se hará por circular y busca establecer además si en el manejo de los recursos de tesorería se presentaron o se tiene conocimiento de indicios relacionados con otros movimientos irregulares. El contralor Turbay Quintero amenazó con la posibilidad de iniciar juicios de responsabilidad fiscal, simultáneos con los procesos administrativos o penales, en contra de los funcionarios que hayan invertido recursos presupuestales en las pirámides. La Contraloría recorsó que una condena de carácter fiscal puede conducir al funcionario implicado a responder con su propio patrimonio las pérdidas patrimonial que su actuación le haya causado al Estado. El señor Turbay Quintero se mostró contrario a utilizar dineros del presupuesto nacional para apoyar a las víctimas de las "pirámides".