Sancionados 5 funcionarios de la Procuraduría por corrupción

La Procuraduría destituyó e inhabilitó a cinco de sus funcionarios por incurrir en cerca de 14 anomalías relacionadas con el asesoramiento a personas que tienen investigación disciplinaria. Dentro de las faltas investigadas esta el asesoramiento ilegal, falsedad en documento privado, prevaricato por omisión, concusión, concierto para delinquir, utilizar su cargo para presionar a particulares a respaldar una causa o campaña política e incremento patrimonial injustificado. Según la Procuraduría las labores propias de los funcionarios objeto de esta decisión, les permitían tener contacto permanente con peticiones de información, vigilancia sobre el giro y ejecución de recursos de las entidades territoriales e intervención en las administraciones locales, en especial en los departamentos de Casanare y La Guajira. El Ministerio Público afirmó que los funcionarios incurrieron en un concurso material de faltas gravísimas, a título de dolo, las cuales fueron sancionadas con destitución e inhabilidad por 17 años para Ana Gilma Mahecha Gutiérrez, profesional universitario vinculada a la Procuraduría Delegada para la Descentralización y entidades territoriales; por 12 años para Adriana del Carmen Botero Giraldo, asesora del despacho del Procurador General con funciones en la Procuraduría Delegada para la Descentralización y entidades territoriales; Gustavo Quintero Quintero, asesor adscrito al Grupo de Regalías; Luisa Fernanda Sierra Aldana, Asesora vinculada a la Procuraduría Delegada para la Descentralización y entidades territoriales y María Patricia Ríos Cardona, en su condición de sustanciadora adscrita a la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios. La Procuraduría evidenció que los funcionarios incurrieron en un concierto para delinquir al crear una empresa informal e ilegítima a través de la cual se reunieron para desvalorar la entidad, para permear las dependencias de la misma y desde allí constituirse en los asesores y gestores de terceros interesados en los trámites a cargo de la Procuraduría. Al imponer la sanción, el Ministerio Público ordenó prorrogar por tres meses la suspensión provisional impuesta contra los funcionarios implicados por mantenerse las circunstancias que motivaron su separación del cargo.