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Emergencia Social en Colombia para frenar crisis ocasionada por las 'pirámides'

El gobierno nacional declaró el estado de Emergencia Social, con el fin de afrontar la crisis ocasionada por las firmas captadoras ilegales de dinero, conocidas como "pirámides"

El gobierno nacional declaró el estado de Emergencia Social, con el fin de afrontar la crisis ocasionada por las firmas captadoras ilegales de dinero, conocidas como "pirámides", y por otras empresas como DMG. El ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, explicó en una rueda de prensa con todo el equipo económico del gobierno, que al amparo de ese estado, se expidieron cuatro decretos con fuerza de ley, para endurecer las penas contra los captadores y para obligar a los mandatarios locales y regionales a que persigan y denuncien a las "pirámides". Valencia Cossio informó que a partir de ahora, quienes capten de manera masiva y habitual recursos del público, recibirán penas no excarcelables, que van entre los 10 y los 20 años, así como el pago de una multa que podría alcanzar los 150 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. De igual forma se estableció que las personas que hagan uso de los medios de comunicación para promocionar mecanismos de captación de recursos de los colombianos, podrían recibir una pena adicional cercana hasta una cuarta parte de la condena impuesta. También se creó un nuevo delito, tipificado como retención de dineros captados no devueltos al público, que contempla una pena que va entre los 96 y los 180 meses de cárcel, y multas que van entre los 133 y los 15 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. Otra de las medidas importantes tiene que ver con la obligación que tienen los alcaldes y gobernadores de informar a las autoridades sobre la existencia de "pirámides" en sus jurisdicciones, además de la olibligación de ejercer labores de policía en los casos que se requiera. El ministro Fabio Valencia Cossio agregó que se dio una autorización para que las personas que hicieron la captación, puedan devolver el dinero por medio de los fiscales, para que obtengan un beneficio jurídico y puedan acogerse a que se les aplique el principio de oportunidad.

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