Un magistrado inaceptable

A un magistrado que usa testaferros para ocultar sus bienes, que no responde por las obligaciones de padre, que ha sido acusado, con evidencias, de corrupción o de violencia doméstica, a un hombre así uno no puede pedirle que tenga vergüenza y que dé explicaciones. Y tiene la cara muy dura como para esperar la renuncia, aunque haya llegado a su nuevo cargo engañando a su nominador y escondiendo su pasado. No es esta una batalla política, como él quiere presentarla declarándose víctima de una persecución. Al contrario, es una batalla en la que están de por medio unos mínimos de decencia y dignidad, que no se pueden olvidar ni mezclar con el fragor de luchas diarias que borran o desdibujan esos conceptos. La primera batalla es la de la responsabilidad familiar. Ovidio Claros, ahora flamante magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, se niega a cumplir los pagos para el sostenimiento y educación de sus hijos. Para evadirlos, ha pasado de los cheques sin fondos al incumplimiento de las cuotas impuestas por un Juzgado de Familia. Por cuenta de esa conducta, tiene prohibido salir del país. No incumple porque no tenga, sino para proteger su inexplicado patrimonio de sus propios hijos. La revista Cambio confirmó en el Juzgado 37 Civil del Circuito que Claros ha fingido una pobreza inexistente utilizando una ex empleada de la Contraloría, Nelly Pérez, quien admitió haber prestado su nombre “para aparecer como dueña de una moderna oficina en el norte de Bogotá, que Claros pretendía esconder en el proceso de liquidación conyugal….”. El modelo de testaferrato lo repitió con su padre, a cuyo nombre aparecieron inmuebles en el centro de Bogota y una empresa de transporte. Para ejecutar el fraude perfecto, el Magistrado se declaró insolvente. Un tipo que hace semejantes cosas no sólo no es confiable, sino que merece un destino diferente al de juez supremo. Pero como si la desatención comprobada hacia sus hijos fuera poca, en su carrera de burócrata ha sido farragoso y sibilino. En temas de dineros y de moral es, digamos, lo más opuesto a su apellido. Desde la época de Contralor (hace 10 años) tiene una larga lista de acusaciones por cobro de coimas a contratistas privados. Y por su fallido intento de llegar a la Cámara de Representantes, entabló una millonaria demanda contra la nación. Aunque hay normas expresas para evitar que personajes con estos comportamientos lleguen a altas dignidades de la justicia -es un requisito taxativo, por ejemplo, estar a paz y salvo en casos de inasistencia alimentaria-, Claros metió su vida privada y su pasado debajo del tapete para lograr la posesión. Decía al principio que a estas alturas es ilógico pedirle al Magistrado cualquier asomo de delicadeza. Pero sí se le puede pedir a quien lo nomino, el Presidente Uribe, que le pida la renuncia. No es suficiente ese comunicado genérico en el sugiere que fue engañado y solicita que clarifique “ante la opinión pública su situación personal”. Hay que ir más allá, porque el hombre tiene toda la intención de atornillarse sin pudor a su condición de Magistrado. Que quien lo puso como candidato lo desautorice, que sus nuevos colegas lo veten, que el Congreso que lo eligió lo desnombre. Pido un gesto, una constancia histórica, la prueba de que no todos cohonestan su conducta. Aunque sospecho, como ustedes, que les estoy pidiendo mucho.