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Servicios públicos: pague ahora y llore por siempre

Una familia del barrio Carlos Ramírez París, de la ciudadela de Atalaya en Cúcuta, tendrá que pagar este mes 316.000 pesos por cuatro recibos de servicios públicos domiciliarios. La cifra constituye un monto superior a la mitad del salario mínimo mensual que para el caso de Colombia fue fijado al final del año anterior en 461.500 pesos.

Una familia del barrio Carlos Ramírez París, de la ciudadela de Atalaya en Cúcuta, tendrá que pagar este mes 316.000 pesos por cuatro recibos de servicios públicos domiciliarios. La cifra constituye un monto superior a la mitad del salario mínimo mensual que para el caso de Colombia fue fijado al final del año anterior en 461.500 pesos. El caso de esta familia y la de casi la mayoría de los hogares de los niveles uno y dos de Cúcuta refleja que los habitantes de la zona de la frontera están viviendo, o mejor, sobreviviendo y trabajando tan solo para pagar los servicios públicos, el arriendo y si, queda algo, pues para comer. En el área metropolitana de Cúcuta hay además un agravante: la calidad de los servicios públicos es deficiente a juzgar por la gran cantidad de usuarios molestos que llaman a las emisoras que se convirtieron desde hace rato en una especie de "superintendencia de servicios públicos". Los ejemplos están a la mano. En Villa del Rosario, un municipio del área metropolitana, la actual alcaldía decidió echar abajo la sociedad que había conformado con particulares hace tres años el anterior mandatario para el manejo del acueducto porque el servicio nunca mejoró. De inmediato, los socios de la empresa local de servicios, a quienes algunos catalogan como una "firma de papel", amenazaron con desmontar los subsdidios para los niveles uno y dos que componen el 80 por ciento de los abonados lo cual significa que las tarifas subirán en una tercera parte. En Los Patios, también en el área metropolitana, se desató una guerra por el agua luego que un empresario se apropiara de la toma Duplat, una especie de acueducto comunal, lo que dejó sin el suministro de agua a varias urbanizaciones cuyos residentes han llevado el caso a la justicia ordinaria. En Cúcuta hay barios legalizados en las comunas más vulnerables que tienen el suministro de agua tan solo dos o tres veces por semana pero en cambio a esos sectores de escarpa a donde no pueden entrar los carros del aseo sí llega con la puntualidad de los relojes suizos. Ante este panorama nadie dice nada, ni las personerías, ni la Defensoría Regional del Pueblo o la Superintendencia de Servicios Públicos, cuya sucursal más cercana está en Bucaramanga. Bajo esta circunstancia, no queda más que seguir trabajando para pagar la luz, el agua, el gas natural, el teléfono, la televisión por suscripción, el celular, el servicio de internet, el predial unificado, la valorización, el pase amigo (una especie de impuesto de rodamiento que grava a los carros de matrícula venezolana) y si queda plata pues comemos diría la familia del barrio Carlos Ramírez París que es como en "Dejémonos de vainas" el típico hogar colombiano. Por Juan Carlos OrdóñezDirector local en Cúcuta

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