Internacional

Amnistía Internacional denuncia 1.252 víctimas de la pena capital en 2007

La ONG pro derechos humanos acusa a China de ser "el principal verdugo del mundo"

Al menos 1.252 personas fueron ejecutadas durante 2007 en 24 países y otras 3.347 fueron condenadas a muerte en 51 estados, según un informe hecho público hoy por Amnistía Internacional (AI), que asegura que China, sede de los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos, es "el principal verdugo del mundo". A pesar de ser una cifra elevada, según los datos de AI, en 2006 fueron ejecutadas 1.591 personas, más de 300 peronas más que en 2007. Según dicho informe, titulado Condenas a muerte y ejecuciones en 2007, se calcula que actualmente hay 27.500 personas condenadas a la pena capital en todo el planeta. Las cifras muestran también un aumento de las ejecuciones en varios países. Irán ejecutó al menos a 317 personas; Arabia Saudí, a 143, y Pakistán, a 135, frente a las 177, 39 y 82, respectvamente, de 2006. "Ejecuciones en secreto" Amnistía expresa además su gran preocupación por la "ejecución en secreto" de muchas personas más a manos del Estado en países como China, Mongolia y Vietnam. Según AI, el 80% de todas las ejecuciones de que se tuvo noticia en 2007 se llevaron a cabo en cinco países: China, Irán, Arabia Saudí, Pakistán y Estados Unidos. Arabia Saudí fue el país con mayor número de ejecuciones por habitante, seguido de Irán y Libia. En China, donde se realizaron un mínimo de 470 ejecuciones (AI calcula que la cifra real es más alta), la pena de muerte es secreto de Estado, por lo que sólo las autoridades chinas saben exactamente a cuántas personas se mató con la autorización oficial. Además, en Irán, Arabia Saudí y Yemen se llevaron a cabo ejecucones por delitos cometidos por personas menores de 18 años. No obstante, AI considera que "la tendencia hacia la abolición de la pena de muerte a escala mundial parece imparable". Un total de 135 países son abolicionistas en su legislación desde 1990. Para AI, "quitar la vida a una persona con la autorización del Estado es uno de los actos más graves en que un gobierno puede incurrir". Por eso, esta organización insta "a todos los gobiernos a cumplir los compromisos contraídos en la ONU y abolir la pena de muerte de una vez por todas".

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