La Contraloría plantea la permanencia indefinida del impuesto de guerra

El tributo temporal al patrimonio, creado por el gobierno para financiar las mayores necesidades del gasto militar, tendría que ser permanente. La posibilidad fue planteada por el Contralor General, Julio César Turbay Quintero, como alternativa para hacer sostenible el presupuesto en defensa y seguridad del país que este año demandará gastos por 18 billones 400 mil millones de pesos. " Esa es una decisión que tiene que tomar el gobierno nacional. Pero estudiando la situación, uno puede prever que ese impuesto, que hoy es de carácter transitorio, se vuelva permanente. La manera de darle sostenibilidad a la inversión es buscarle fuentes de recursos", indicó el contralor. Hoy en día el impuesto al patrimonio lo pagan cerca de siete mil contribuyentes con patrimonios netos superiores a los siete mil millones de pesos. Su cobro se extenderá hasta el 2010 y con su aplicación el gobierno proyecta recaudar al menos ocho billones de pesos. La posibilidad de considerar su permanencia indefinida fue planteada por el Contralor en la Universidad Externado de Colombia durante la presentación de un informe sobre el gasto público en defensa y seguridad que para el 2008 representa el 21,2 por ciento de los gastos previstos para este año. Aunque justificó las mayores partidas presupuestales asignadas a ese rubro, el señor Turbay Quintero dijo que es evidente que el mayor gasto militar está creciendo muy por encima del asignado a otros sectores afectándolos negativamente. "Cuando se aumenta el gasto hay que prever que unos sectores sensibles no se vayan a ver especialmente afectados", indicó el contralor. El señor Turbay Quintero llamó la atención de lo poco que se invierte en el sector defensa, un 19 por ciento de lo asignado, en inversión, y de las crecientes partidas para atender fallos judiciales y pensiones. Dijo que hoy en dia se estima que por cada peso de gasto militar 47 centavos se orientan al pago de pensiones. La Contraloría informó que por hechos u omisiones de los servidores de la fuerza pública en servicio o fuera de el, produjeron fallos judiciales que el pasado año superaron los 108 mil millones de pesos.. Hoy en día las pretensiones judiciales, incluyendo Ministerio de Defensa, Policía y Das, se aproximan a los 16 billones de pesos. "La Contraloría General de la República no desconoce la importancia de la consolidación de la política de la seguridad democrática pues ha permitido mejorar la seguridad del país en aspectos importantes tales como la reducción de los niveles de secuestro, masacres y homicidios, pero le preocupa su sostenibilidad económica", subrayó el contralor.