Detectan una red de corrupción en la Cámara de Representantes

Una investigación periodística de Caracol Radio permitió detectar lo que parece una extensa cadena dedicada a desfalcar a la Cámara de Representantes y a la compañía de seguros La Previsora, y que estaría actuando en la corporación legislativa por lo menos desde el año 2000.
Los hechos, que motivaron a la directiva de la Cámara a denunciar penalmente a uno de sus funcionarios y a dos particulares, habrían permitido que varias personas se apropiaran de recursos, en una cuantía no establecida, pero que podría superar los mil millones de pesos.
La red cobraba los seguros por elementos que nunca fueron comprados por la Cámara de Representantes, pero que hacían aparecer como reales que fueron objeto de siniestros como robos, incendios o pérdidas totales o parciales.
Los elementos inexistentes eran reportados como perdidos o dañados por diferentes circunstancias, los cuales presuntamente eran objeto de la inmediata 'reposición' por parte de un supuesto proveedor o vendedor, que luego cobraba el dinero a la compañía de seguros.
Para lograr el cobro del siniestro, los autores de los ilícitos en serie incluso se "inventaron" incendios en el tercer piso del Capitolio Nacional, que supuestamente causaron daños en equipos eléctricos y de sistemas, y en el edificio.
La presidencia de la Cámara también ordenó la revisión de todos los casos relacionados con el parque automotor, que según los pagos hechos por La Previsora, por más de mil trescientos millones de pesos en el curso de 6 años, fueron ejecutados por supuestas pérdidas totales o parciales de vehículos, en unos casos por robo y en otros por accidentalidad.
La primera denuncia elevada ante la Fiscalía General por la presidencia de la Cámara, implica al jefe de la división de suministros, Alfredo Fernández Ortega, y dos particulares: una supuesta proveedora de los bienes perdidos, Marta del Pilar García, y un corredor de seguros identificado como Sergio Andrés Mayorga.
La denuncia se instauró por los presuntos delitos de estafa agravada, falsa denuncia y falsedad, por hechos recientes que inicialmente superan los 280 millones de pesos.