La Corte Penal Internacional debe investigar crímenes de paras

La Federación Internacional de Derechos Humanos señaló que los crímenes de lesa humanidad cometidos por paramilitares deben ser asumidos e investigados por la Corte Penal Internacional.
La afirmación fue hecha durante la entrega del Informe "La desmovilización paramilitar en Colombia: en los caminos de la Corte Penal Internacional".
La presidenta de la Federación, Souhayr Belhassen manifestó que una de las situaciones más preocupantes se presenta con las víctimas que acuden a las audiencias de los jefes paramilitares para ser reparadas.
"Muestra la responsabilidad del gobierno colombiano que tiene la obligación de responder a la esperanza de las víctimas, la protección de víctimas que hoy no existe es una condición especial de participación", aseguró.
La presidenta de la Federación también se refirió al grave riesgo que supone llevar las investigaciones de la parapolítica.
"Algunos magistrados se comprometen arriesgando su vida por luchar contra la impunidad conforme a las normas internacionales", dijo.
Por su parte Luis Guillermo Pérez Casas, Secretario General de la Federación dijo que hay preocupación por el proceso de reparación a las víctimas.
"La Corte Constitucional ha establecido claramente que solamente los bienes de carácter ilícito sirven para reparar a las víctimas y los bienes lícitos que quieran entregar los paramilitares que sena objeto de sustracción para la reparación de las víctimas", aseguró Perez.
"En sus versiones libres no están reconociendo las grandes fortunas que poseen, hombres como Salvatore Mancuso, hombres como Jorge 40 son inmensamente ricos y por lo tanto lo que esperaríamos es que el gobierno colombiano garantice que devuelvan sus inmensas fortunas para reparar a las víctimas", dijo Pérez.
Perez agregó que los desmovilizados se presentan como personas sin recursos económicos, no entregan todos los bienes y lo que han entregado ha sido poco.
El informe revela que los paramilitares no están obligados a confesar sus crímenes ni a develar la verdad de quiénes apoyaron sus estructuras, "ni a mostrar siquiera arrepentimiento por sus crímenes", asegura el informe.
Finalmente dice que no han sido obligados a entregar todas sus armas de guerra, ni tampoco a entregar sus bienes para reparar a las víctimas, mientras que éstas y sus representantes tienen un acceso muy limitado a las audiencias.