Más de 300 mil familias en Colombia han perdido su casa por el Upac

La Asociación Nacional de Deudores del Upac denunció que más de un millón de familias fueron afectadas por el UPAC, antiguo sistema de financiación hipotecaria que luego fue reemplazado por el UVR. De estas familias, 300 mil perdieron su vivienda.
El presidente de la Asociación, el abogado Fernando Salazar, aseguró que los bancos siguen haciendo cobros excesivos de las deudas hipotecarias haciendo caso omiso a un mandato de la Corte Constitucional.
Del millón de familias afectadas por el Upac, hay 400 mil que han hecho sus pagos a tiempo pero que a la fecha han cancelado más de la cuenta. Otras 350 mil familias están en pleitos bancarios y podrían perder sus viviendas.
Salazar aseguró que el total de dinero que los colombianos le deben a las entidades bancarias después de financiar créditos con el Upac y el UVR supera los 14 billones de pesos.
Según mandato de la Corte, de los 14 billones que deben los colombianos hay ocho que se le deben restituir a los deudores, pero hasta el momento, según la Asociación, las entidades bancarias no han devuelto el dinero.
Dentro de la marcha que hicieron cuatro colombianos desde Bucaramanga hasta Bogotá, como protesta al sistema financiero de vivienda del país, Caracol Radio conoció casos de personas que pidieron prestados diez millones de pesos en la década de los 90 y hoy en día deben más de 60 millones de pesos.
El gobierno descarta una reforma de la UVR
El ministro de Hacienda, Oscar Zuluaga, descartó la posibilidad de reformar la UVR como consecuencia de la creciente protesta de los usuarios que se quejan por el aumento desmedido en el valor de las deudas.
Zuluaga dijo que el sistema, que reemplazó al UPAC, está operando bien y que las autoridades no han contemplado introducirle modificación alguna.
"Hasta el momento no se ha previsto ninguna modificación. El diseño de la UVR fue conceptualmente muy distinto. Fue hecho con el mayor cuidado para evitar dificultades, prohibir que no haya intereses compuestos o que no se paguen intereses sobre intereses", dijo el ministro.
También resaltó que el sistema se creó para "permitir que desde el principio se pueda amortizar a capital, dar la posibilidad de tasas fijas en pesos para que el deudor sepa, siempre en la vida del crédito, cuánto tiene que pagar cada mes por su cuota". "El sistema fue diseñado precisamente para evitar los problemas que se derivaron del Upac", señaló.
Zuluaga informó que un comité especial que está siendo coordinado por la Superintendencia Financiera y el Fondo Nacional del Ahorro continúa estudiando algunas situaciones que permitan establecer si obedecen a problemas viejos o nuevos, si son acumulados o no o si son atribuibles al viejo Upac o a la UVR.
El Superfinanciero si ha ejercido vigilancia a la UVR
El Superintendente Financiero, César Prado, informó que hasta el momento ese organismo no ha encontrado errores en la aplicación de los planes de amortización en UVR autorizados como tampoco conductas generalizadas que contrarien lo ordenado por la Constitucional en el caso de las reliquidaciones del viejo Upac.
El pronunciamiento del ministro de Hacienda y del Superfinanciero se dio en momentos en que la Corte Constitucional está por fallar una serie de tutelas alrededor de los proceso ejecutivos que se adelantaban por obligaciones hipotecarias en Upac antes de 1999.
Según lo dispuso la Corte, los procesos de cobro que adelantaban los bancos contra los deudores debieron finalizar en el 2000 con la orden de reliquidación de las obligaciones que determinó la Ley 546.
Los bancos procedieron a reliquidar los créditos, abonaron sumas de dinero a las cuentas de los deudores pero continuaron con los procesos contra quienes continuaban con saldos pendientes . Muchos de esas acciones judiciales concluyeron con el remate de los inmuebles.
Según el proyecto de sentencia de la Corte que se encuentra para votación, los bancos debieron cesar en su momento los procesos que estaban en curso..
Si el fallo es es de esa naturaleza o sentido, los procesos vigentes,en la práctica, tendrían que volver a empezar para que los bancos puedan recuperar lo que se les adeuda. Queda la gran duda de lo que pasará con la propiedad de los inmuebles adquiridos por terceros de buena fe.