Cadena perpetua para los reclutas cubanos que intentaron secuestrar un avión con rehenes
Las condenas de entre 15 años y cadena perpetua impuestas a cinco involucrados en un intento de secuestro de un avión en Cuba mantiene la "moratoria de facto" en la aplicación de la pena de muerte iniciada en 2003 por las autoridades de la isla, según la Comisión Cubana de Derechos Humanos.
Las condenas de entre 15 años y cadena perpetua impuestas a cinco involucrados en un intento de secuestro de un avión en Cuba mantiene la "moratoria de facto" en la aplicación de la pena de muerte iniciada en 2003 por las autoridades de la isla, según la Comisión Cubana de Derechos Humanos. La Comisión informó hoy que el Tribunal Militar de Occidente sentenció a cadena perpetua a los sargentos Yoan Torres, de 21 años, y Leandro Cerezo, de 20, mientras que el sargento Karel de Miranda, de 19 años, y el cabo Alain Forbes, de 20, fueron condenados a penas de 30 y 25 años de prisión. Además, el civil Ridel Lescaylle, de 31 años, fue sancionado con 15 años de cárcel. El pasado 3 de mayo, dos militares secuestraron un autobús con pasajeros y entraron en la terminal nacional del aeropuerto José Martí de La Habana para apoderarse de un avión comercial, en un incidente que se saldó con la muerte de un teniente coronel y la detención de ambos asaltantes. Los secuestradores, supuestamente junto a otros dos reclutas, se fugaron con armamento de una unidad militar de las afueras de La Habana tras asesinar a un centinela y herir a otro soldado el 29 de abril, y su objetivo era llegar a Estados Unidos en el avión. Días después, en una de sus reflexiones, el convaleciente líder cubano, Fidel Castro, responsabilizó del incidente a Estados Unidos y acusó a Washington de alentar la emigración ilegal por medios violentos. Elizardo Sánchez, líder de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), explicó hoy que el juicio se celebró a finales de agosto en medio de un gran hermetismo pero la sentencia no se dictó hasta la pasada semana. La Comisión consideró "positivo" que no se aplicara la pena de muerte al sargento Yoan Torres, el único de los militares que tiene 21 años, la edad mínima establecida para aplicar dicha condena en Cuba. La organización subrayó el hecho de que "sentencias parecidas" se dictaran hace un par de meses contra otros tres jóvenes militares que en diciembre de 2006 participaron en un motín en la prisión El Manguito, de Santiago de Cuba, mataron a dos oficiales del Ministerio del Interior y escaparon de su unidad militar fuertemente armados. "Esto quiere decir que la moratoria de facto iniciada en marzo de 2003 en cuanto a la reanudación de los fusilamientos continúa en vigor hasta el presente", agregó la Comisión. En abril de 2003, tres personas fueron ejecutadas tras el secuestro de una pequeña embarcación de pasajeros en el puerto de La Habana que concluyó sin heridos. La ejecución de los tres secuestradores y las condenas de hasta 28 años impuestas a 75 disidentes en la primavera de 2003 provocaron una ola de críticas internacionales contra el gobierno cubano y desataron una crisis política sin precedentes entre La Habana y la Unión Europea. Sánchez recordó que los fusilamientos de 2003 pusieron fin a otra "moratoria de facto" en la aplicación de la pena de muerte que se había iniciado en 2000. A su juicio, es significativo que el gobierno provisional encabezado por el general Raúl Castro no haya aplicado la pena capital pese a la gravedad de los dos incidentes registrados en los últimos meses. "Pareciera que el talante (del general Raúl Castro) no es el mismo que el del jefe de Estado (Fidel Castro)", dijo a Efe Sánchez, que opinó que el gobierno provisional de Cuba "quiere mejorar su imagen ante los ojos de la opinión pública". Fidel Castro, de 81 años, se vio obligado a delegar provisionalmente el poder en su hermano Raúl el 31 de julio de 2006 por el agravamiento de una enfermedad intestinal que le mantiene apartado de la vida pública. Sánchez hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que "aliente" al Gobierno de Cuba a conmutar las penas de fusilamiento a las que están expuestos alrededor de 40 reclusos que esperan en el corredor de la muerte y pidió que La Habana restablezca la abolición de la pena de muerte.




