Legisladores de EEUU examinarán el papel de multinacionales por presunta ayuda a grupos insurgentes de Colombia

Legisladores estadounidenses examinarán más de cerca el apoyo que multinacionales de Estados Unidos hayan podido dar a grupos guerrilleros o carteles narcotraficantes en Colombia, afirma el diario Los Angeles Times.
En una entrevista publicada en el periódico, el congresista demócrata Bill Delahunt, presidente del subcomité para Organizaciones Internacionales de la Cámara de Representantes, afirma que "examinaremos de cerca, fríamente, cómo las multinacionales estadounidenses operan en el mundo y usaremos a Colombia como modelo".
"Verdaderamente merece un esfuerzo exhaustivo el examinar dónde necesitamos leyes y si hay huecos en nuestro código penal que permite que las empresas de EE.UU. ayuden o consientan violencia en otros países que mina nuestra credibilidad y nuestra posición moral en el mundo", explicó Delahunt.
El legislador expresó su creencia de que hasta el momento esas empresas "han evadido cualquier tipo de sanciones adecuadas".
"¿Nuestros intereses económicos perjudican a la lucha contra el terrorismo? ¿Estamos haciendo compromisos? Si ése es el caso, el público debería saberlo", apuntó.
El representante hablaba cuando se encuentran pendientes de juicio en EE.UU. procesos contra la minera Drummond y la empresa de alimentación Chiquita Brands, en el primer caso por el supuesto pago de la compañía para el asesinato de tres sindicalistas y en el segundo por pagos a grupos guerrilleros.
Drummond niega los cargos de que pagó a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que EE.UU. considera una organización terrorista desde 2001, para matar a los tres sindicalistas.
Chiquita admitió en marzo que había pagado a las AUC al menos 1,7 millones de dólares entre 1997 y 2004, y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) antes de eso, y aseguró que lo había hecho para proteger a sus empleados.
Tras su admisión, la multinacional agroalimentaria fue condenada al pago de una multa de 25 millones de dólares.
Varias organizaciones presentaron el jueves pasado una demanda colectiva contra Chiquita en Newark (Nueva Jersey), donde tiene su sede social la multinacional, a la que acusan de un total de dieciséis cargos distintos.
Según Los Angeles Times, los legisladores encabezados por Delahunt creen que en los casos de las empresas de EE.UU. en Colombia, el Departamento de Justicia en Washington no ha hecho cumplir de manera adecuada las leyes que consideran delito el dar apoyo o recursos a sabiendas a una organización terrorista extranjera.
En una audiencia en el Congreso el pasado 28 de junio, los legisladores advirtieron que los casos de Chiquita y Drummond podrían ser sólo una parte de un problema más amplio de delitos corporativos de Estados Unidos en Colombia. E