El fiscal defiende el proceso con los paramilitares y las investigaciones por los asesinatos de sindicalistas

El fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, pidió hoy en Washington un apoyo más contundente de la comunidad internacional para hacer frente a las investigaciones por la "parapolítica" y la violencia dirigida a los sindicalistas.
"La esencia de nuestra visita es, con algún rubor, alguna vergûenza, pedir apoyo adicional" para agilizar las investigaciones, dijo Iguarán durante un foro ante el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).
Confesó: "Estamos cortos y necesitamos de recursos humanos y de logística" para atender "todos los frentes" abiertos por la Fiscalía, pero no precisó el monto de la ayuda adicional requerida.
También reconoció que la controvertida Ley de Justicia y Paz, piedra angular de la política de su gobierno para la desmovilización de los grupos armados, desbordó a su oficina en cuanto al número de casos iniciados -alrededor de 2.600-, y por las investigaciones desatadas por el escándalo de la "parapolítica".
Iguarán, cuya oficina investiga los presuntos nexos entre líderes políticos y miembros del Ejército con los paramilitares, inició hoy una visita de dos días a Washington en momentos en que la ayuda a Colombia se dificulta por ese escándalo.
El Senado estadounidense ha decidido suspender unos 55,2 millones de dólares en ayuda militar a Colombia hasta que se esclarezca el escándalo. El Departamento de Estado también ha advertido que EE.UU. no va a tolerar la impunidad en ese país.
La visita de Iguarán es una especie de avance a la ofensiva política que realizará ante el Congreso de EE.UU. esta semana el presidente Alvaro Uribe para lograr la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) y el apoyo a la segunda fase del Plan Colombia.
Algunos líderes demócratas han señalado que de las 17 visitas de Uribe a EE.UU. la más trascendental será la que tiene previsto realizar entre el miércoles y viernes próximos, y de su poder de persuasión dependerá el futuro del TLC.
EE.UU. ha aportado más de 4.000 millones de dólares al Plan Colombia y el presidente estadounidense, George W. Bush, ha solicitado otros 587 millones de dólares para el año fiscal 2008.
Pero el escándalo por la "parapolítica" ha alarmado a la oposición política que controla el Legislativo estadounidense, y pone en peligro los dos grandes proyectos de la agenda bilateral.
La agenda de Iguarán en Washington incluirá reuniones en el Congreso, en el Departamento de Justicia, en la Oficina de la Representante de Comercio Exterior.
Igualmente se entrevistará con la mayor organización sindical de EE.UU., la Federación Americana del Trabajo-Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), que se opone a la aprobación del TLC y ha condenado los asesinatos de líderes sindicales en Colombia.
Iguarán dijo que no conoce ni "una coma" del TLC o si le conviene o no a Colombia, pero reconoció que la situación de los derechos humanos y los asesinatos contra sindicalistas son preguntas recurrentes de los legisladores estadounidenses.
"La suerte del tratado dependerá en alguna medida" del desenlace de los casos en los que han sido implicados tanto los "paras" como algunos miembros de la fuerza pública, observó Iguarán.
Tanto en su discurso en el CSIS como en la sesión de preguntas y respuestas, Iguarán intentó dar un giro positivo a la gestión del gobierno de Uribe para investigar la violencia contra los gremios y los presuntos nexos entre políticos y "paras".
El jueves pasado, Iguarán visitó una de las fosas comunes recientemente descubiertas y en las que los paramilitares han enterrado a sus víctimas, muchas de ellas desmembradas.
Iguarán renovó hoy su compromiso de procesar a las multinacionales que presuntamente han ayudado a financiar a los "paras".
La fiscalía colombiana investiga a dos empresas estadounidenses, Chiquita Brands y Drummond, pero Iguarán no precisó hoy si solicitará la extradición de quienes posiblemente hayan violado las leyes nacionales al pagar dinero a los "paras" por concepto de protección contra la guerrilla izquierdista.
En paralelo a la campaña de presión del gobierno colombiano, grupos defensores de los derechos humanos también han acudido al Legislativo para advertir sobre las consecuencias de un mayor respaldo a las fuerzas de seguridad de ese país sin el debido escrutinio.