La Corte Suprema no avala informe sobre muerte de Carlos Castaño

La Corte Suprema de Justicia condenó a 28 años y dos meses de cárcel al jefe paramilitar Carlos Castaño Gil, por la masacre de Mapiripán, Meta, en la que un comando de las autodefensas, que contó con el apoyo de varios miembros de la fuerza pública, asesinó a 49 campesinos, entre el 15 y el 20 de mayo de 1997.
Para la Sala Penal de la Corte, las pruebas que entregó la Fiscalía General de la Nación, no fueron lo suficientemente contundentes para determinar que Castaño Gil está muerto, y por lo tanto dictó sentencia en su contra.
Según el fallo, luego de una solicitud de la Procuraduría, la Corte le envió un oficio al Fiscal General, pidiéndole toda la información que tuviera sobre las circunstancias y documentos relacionados con la muerte de Carlos Castaño.
A pesar de la insistencia de la Corte Suprema de Justicia para que se remitieran todas las pruebas necesarias para determinar claramente que el cuerpo exhumado correspondía al del ex jefe paramilitar, la Fiscalía solamente envió fotocopias que no cumplieron con lo requerido por los magistrados.
La Sala Penal señala en la sentencia que "no puede concluir de manera certera que el cuerpo esqueletizado hallado en la exhumación de un cadáver, realizada el 1 de junio de 2006, en la finca Camagüey, ubicada en el corregimiento Guasimal, municipio de Valencia, departamento de Córdoba, corresponda a Carlos Castaño Gil".
El fallo agrega que "aún cuando la prueba de ADN dio como resultado que el padre biológico del joven Carlos Esteban Duque era el individuo cuyo esqueleto fue encontrado en la diligencia de exhumación referida, no existe prueba demostrativa de que ese joven es hijo de Carlos Castaño Gil, porque al respecto nada se obtuvo de la Fiscalía".

La sentencia de la Corte también confirma las condenas contra varios militares que participaron en la masacre de Mapiripán y quienes son considerados como autores y coautores del asesinato de 49 campesinos en el departamento del Meta.
El teniente coronel del Ejército Nacional, Lino Hernández Sánchez Prado, fue acusado de los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, secuestro agravado y terrorismo. Por esos hechos Sánchez Prado fue condenado a 40 años de cárcel.
El sargento segundo del Ejército Juan Carlos Gamarra Polo, quien fue condenado por el delito de concierto para delinquir y cómplice de los delitos de homicidio agravado, secuestro agravado y terrorismo fue condenado a 22 años de prisión.
El sargento del Ejército José Miller Urueña, es señalado como coautor en los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, secuestro agravado y terrorismo. Por ello fue condenado a 32 años de prisión.