Se cayó el avalúo Catastral en Bogotá

El alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, decidió acogerse a la solicitud de revocatoria de la actualización catastral de 755 mil predios, hecha por la Procuraduría General de la Nación.
El mandatario capitalino decidió no esperar hasta el próximo 30 de abril cuando el Instituto Geográfico Agustin Codazzi presentaría una evaluación técnica del proceso adelantado por muna firma contratada por Catastro.
El procurador general abrió, además, investigación disciplinaria contra los funcionarios que hicieron el contrato de actualización catastral con una firma a la que se le comprobó falsedad en documento público.
En un informe presentado por el contralor Oscar Gonzalez Arana, se reveló que ese proceso fue hecho con suplantación de personas, fraudes y chantajes para algunos funcionarios, lo que dejaba en vilo 455 mil predios que fueron realizados por esa compañía.
La Contraloría, además de iniciar un juicio de responsabilizad fiscal contra los funcionarios involucrados en la realización del contrato, inició un proceso de embargo de las cuentas del Consorcio Avalúo Catastral 2006 por cerca de 3 mil millones de pesos que ya había cancelado el Distrito Capital.
La administración distrital se compromete a que antes del próximo 15 de mayo enviará los formularios con la nueva liquidación y quienes ya hayan cancelado podrán reclamar su excedente.
El Distrito Capital buscaba recaudar 70 mil millones de pesos por ese concepto.
La propuesta de Maya
El procurador general de la nación, Edgardo Maya Villazón, había pedido al alcalde de Bogotá que estudiara la posibilidad de revocar la resolución mediante la cual se adoptaron los nuevos valores de 755 mil predios de Bogotá para determinar la base para el pago del impuesto predial.
Así mismo, planteó que si se aceptaba su petición, se devuelva o compense a quienes ya pagaron el impuesto predial.
Maya pidió al alcalde que verifique si los contratistas incumplieron sus obligaciones y, en dado caso, conminarlos a que repitan el procedimiento.
El jefe del ministerio público anunció que investigará la gestión de los servidores públicos y de los contratistas particulares que adelantaron el citado proceso de actualización, teniendo en cuenta los incrementos significativos que se registran en los predios de la ciudad.
Al advertir sobre las posibles falencias, señaladas por la Contraloría Distrital en el desarrollo de algunas de las etapas que integran el proceso de actualización, particularmente las de reconocimiento predial y digitalización cartográfica, el procurador ordenó revisar el cumplimiento de estas disposiciones y protocolos por parte de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital y de la firma contratista, responsables de la ejecución de este proceso.
Por lo anterior, también se hace necesario aclarar la actividad y resultado del trabajo de las personas que ejercieron la interventoría, que al parecer, fue efectuada por la entidad contratante.
El procurador anunció que se conformará una mesa de "acuerdo de voluntades" con todas las autoridades incluyendo al Contralor, Personero Distrital y a la Procuraduría General de la Nación, con el fin de buscar una solución pronta y efectiva a esta situación.
El procurador destacó que se debe tener respeto por los contribuyentes ya que el 93 por ciento de los aportantes obligados cumplen con su deber de pagar oportunamente el impuesto predial, y el 10 por ciento incluso hace aportes voluntarios.