Conferencia de los Derechos Humanos en Europa denuncia la "creciente paramilitarización" Colombia

La II Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos en Colombia concluyó hoy con una declaración que alerta de la "creciente paramilitarización" de las instituciones colombianas y urge al Gobierno de Bogotá a combatir esta tendencia.

El texto, suscrito por las organizaciones convocantes del encuentro -las no gubernamentales Oficina Internacional de Derechos Humanos-Acción Colombia y Coordinación Colombia-Europa-EEUU- aboga por que la UE revise sus actuales concesiones comerciales al país si no mejora la situación.

La cita, celebrada entre la sede del Parlamento Europeo en Bruselas y un centro de conferencias, convocó a unas 200 personas, en su mayoría miembros de ONGs, pero también eurodiputados, representantes de la Unión Europea, la ONU y la Organización de Estados Americanos.

El reciente escándalo por los vínculos entre paramilitares y diputados oficialistas planeó sobre los debates. Así, la delegada del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, María Francisca Ize-Charrin, calificó de "paso importante" el plan de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pero advirtió de que las ejecuciones extrajudiciales y las "estructuras políticas de los paramilitares" permanecen.

La representante de Amnistía Internacional Susan Lee fue más allá al afirmar que "el Gobierno ha permitido que la estructura paramilitar se mantenga intacta".
Por su parte, el delegado de la Confederación Sindical Internacional (CSI) Janek Jean Kuczkiewicz anunció una "queja formal" ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra el Ejecutivo de Alvaro Uribe por "las conexiones entre las autoridades políticas y la represión" contra los sindicalistas.

"El Gobierno colombiano perderá lo que le queda de credibilidad si sigue insistiendo en que nadie es asesinado por acciones sindicales", auguró Kuczkiewicz. El eurodiputado español de Izquierda Unida Willy Meyer concluyó que en "Colombia no hay democracia" porque "no hay derechos humanos" y alertó del riesgo de injerencia de los paramilitares en las próximas elecciones locales.

En principio, el Gobierno de Uribe iba a estar representado por el vicepresidente Francisco Santos y el comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, pero no asistieron por "razones de agenda". En su lugar intervino el embajador colombiano ante la UE, Carlos Holmes Trujillo, quien, tras destacar la legitimidad obtenida en las "urnas" por el Gobierno de Uribe, subrayó que su "política de seguridad democrática" ofrece "resultados positivos".

En cambio, el líder del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), Carlos Gaviria, estimó que las vínculos entre paramilitares y políticos demuestran que la colombiana es una "democracia simulada". "Hay instituciones que funcionan, espacios que la oposición debiera aprovechar, pero lo más prevaleciente en Colombia es una estrategia perversa para fingir democracia", dijo Gaviria, ante un público más entusiasta con sus argumentos que con los del embajador.

El diplomático destacó posteriormente que el Gobierno de Uribe "quiere que se conozca toda la verdad" sobre el escándalo de la "parapolítica" y anunció su intención de organizar un próximo debate en el Parlamento Europeo con representantes del Estado colombiano. La declaración final de la conferencia señala que "todos los grupos combatientes (en Colombia) son responsables de graves infracciones a los derechos humanos", pero pone el acento en el problema del "paramilitarismo".

"Escándalos recientes han dejado al descubierto que es creciente la paramilitarización de la sociedad y las instituciones colombianas", reza el texto. Entre otras medidas, la declaración reclama al Gobierno que desmantele las "estructuras militares, políticas y económicas" de estos grupos y garantice que no influyen en las elecciones.

Aboga por una "solución política negociada" para resolver el conflicto, celebra la apertura de conversaciones entre el Gobierno y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), reclama el fin de los secuestros, así como un "acuerdo humanitario" entre el Ejecutivo y las FARC.

En paralelo, pide a la UE que "evalúe" la oportunidad de mantener las preferencias comerciales a Colombia -teóricamente supeditadas al respeto a los derechos y libertades- si bien no exige la suspensión de las próximas negociaciones entre la Unión y la Comunidad Andina, como hicieron ayer algunos eurodiputados de izquierda.