EEUU expresa satisfacción con condición de derechos humanos en Colombia

Estados Unidos se mostró satisfecho con los esfuerzos del Gobierno de Colombia para la protección de los derechos humanos en ese país, aunque reconoció que aun hay espacio para lograr más progresos.
En una notificación enviada al Congreso de EEUU el pasado día 4, y divulgada este martes, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, ha "determinado y certificado" que el Gobierno y las Fuerzas Armadas de Colombia "están cumpliendo con los criterios establecidos respecto a los derechos humanos y el rompimiento de vínculos con grupos paramilitares".
Esta determinación gubernamental permitirá que se libere el resto de los fondos del año fiscal 2006 destinados a las Fuerzas Armadas de Colombia, según explicó el Departamento de Estado.
La nota no precisa el monto de la asistencia estadounidense, pero se calcula que es de aproximadamente 70 millones de dólares, del total de alrededor de 591 millones de dólares aprobados en el año fiscal 2006.
"El apoyo a los derechos humanos en Colombia permanece como una alta prioridad para el Gobierno de EEUU. Nos alientan los esfuerzos del gobierno colombiano para la protección de los derechos humanos", agrega la nota.
Según las autoridades estadounidenses, el Gobierno de Bogotá ha demostrado su compromiso con el respeto de los derechos humanos en todos los sectores de la sociedad.
Sin embargo, añade la nota, "reconocemos que aun se pueden lograr más progresos" en esas lides y, en ese sentido, "Estados Unidos se toma con seriedad todos los informes de abusos a los derechos humanos y está comprometido" con los esfuerzos para ayudar a las fuerzas del orden a mejorar en esta área.
En particular, EEUU quiere ver mejoras en el corte de vínculos de los militares con los paramilitares y en las investigaciones y enjuiciamiento de quienes cometen violaciones a los derechos humanos, indica el documento emitido por la oficina del portavoz del Departamento de Estado, Sean McCormack.
El optimismo expresado por el Gobierno de EEUU contrasta con las quejas de grupos no gubernamentales y defensores de los derechos humanos, que hacen campaña de presión ante el Legislativo estadounidense para condicionar o restringir la ayuda a Colombia.