Piden destinar multa de Chiquita Brand a las víctimas del conflicto

El alto comisionado para los Derechos Humanos en Colombia, Juan Pablo Corlazzoli, propuso que la multa impuesta a la empresa Chiquita Brand por parte de los Estados Unidos, se destinen a las víctimas del conflicto armado en Colombia.
"Si ese dinero (25 millones de dólares) se pudiera asignar al país , creo que todo aquello que contribuya a fortalecer y enriquecer el fondo de Reparación a las víctimas, sería muy pertinente..."dijo Corlazzolli.
"Aquí ocurre que estas empresas para poder sobrevivir en territorios donde hay conflicto armado sin la más mínima duda contribuyen a la guerra en su financiamiento",agregó.
La propuesta fue respaldada por Sandro Calvani representante de la Oficina contra la Droga y el Delito.
"Las convenciones internacionales de lucha contra el crimen organizado incluyendo la convención de medida de lucha contra la corrupción que también tiene interferencia en esta situación, indica claramente que los fondos recaudados de parte de los gobiernos en la lucha contra el crimen organizado se deberían haber invertido en el lugar mismo donde el crimen organizado hizo un daño a las víctimas", aseguró Calvani.
Conflicto armado, principal violador de DDHH
El alto comisionado para los Derechos Humanos en Colombia Juan Pablo Corlazzoli, señaló que el conflicto armado en Colombia sigue siendo el principal agente motivador de las violaciones en esta materia.
El informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el año 2006, señala: "El contexto de violencia y conflicto armado que vive Colombia siguió afectando el goce de los derechos y libertades fundamentales, y dificultando la actuación de las autoridades en materia de prevención y protección. La situación de derechos humanos sigue crítica en varias regiones del país, y caracterizada por violaciones numerosas y frecuentes de los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personales, y al debido proceso y las garantías judiciales", asegura el informe.
El comisionado Corlazzoli señaló que el estudio tiene en cuenta un informe de la Defensoría que observa un incremento de quejas de violaciones de derechos humanos atribuidas a miembros de la fuerza pública, particularmente del Ejército y de la policía.
Dice que las violaciones en derechos humanos afectan las comunidades indígenas, líderes sociales, defensores de derechos humanos, campesinos, mujeres, niños y niñas, sindicalistas, periodistas, y personas desplazadas.
"“Sus miembros han sido víctimas de homicidios, amenazas y estigmatizaciones atribuidos a miembros de los grupos armados ilegales, y de ejecuciones extrajudiciales", dijo Corlazzoli
El informe revela que en materia de Derechos Humanos persisten los altos índices de impunidad.
También se refiere a la situación de las personas desplazadas cuya cifra asciende a 3 millones 500 mil.
“La situación de las personas desplazadas no ha superado el estado de cosas inconstitucional y persiste la grave crisis humanitaria con respecto a ellas”, señala Corlazzoli.
Así mismo el informe reconoce vulneraciones de los Derechos humanos por parte de miembros de la fuerza pública.
“En muchos de los casos reportados se identificaron tres elementos comunes: la presentación de las víctimas civiles como muertas en combate, la alteración de la escena del crimen por los autores del mismo y la investigación de los hechos por la justicia penal militar”, dice el informe.
La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos hizo recomendaciones al Estado como la reducción de los índices de impunidad, la cesación de vínculos entre servidores públicos y miembros de grupos paramilitares, y la mejoría de la calidad de las estadísticas sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario.