Comenzó la audiencia a Salvatore Mancuso

A las 8:00 am ingresó al Palacio de Justicia de Medellín con fuerte escolta oficial y sin asomar a la ciudadanía y los medios de comunicación que lo aguardaban, el jefe de las Autodefensas, Salvatore Mancuso Gómez encarcelado en el penal de Máxima Seguridad de Itagüí.
Tras acogerse a lo dispuesto por la Ley de Justicia y ratificar la semana pasada ante una Unidad de Fiscales que persistirá en ese proceso, el ex comandante del Bloque Catatumbo, conocido también como el "Mono Mancuso" o "Santander Losada", emprendió de inmediato en compañía de un abogado el procedimiento legal para entregar la versión libre sobre numerosos hechos delictivos por los que lo investiga en la Fiscalía General de la Nación.
Impecablemente vestido con ropa informal, compuesta por un jean azul, camisa de fondo claro con rayas blancas y azules, calzado de tenis azules, el señor Mancuso Gómez inició los llamados "generales de ley", para identificarse y tomar juramente en la audiencia que comenzó 15 minutos después de su ingreso al Piso Veinte del Palacio de Justicia José Félix de Restrepo, en la zona administrativa de Medellín.
En las inmediaciones de la edificación ubicado en el sector de La Alpujarra, se incrementaron las acciones de control y seguridad de la fuerza pública. En el lugar, un nutrido grupo de manifestantes adelantan un plantón, para expresar su rechazo a la violencia y su solidaridad con las víctimas de las acciones paramilitares.
Los manifestantes, entre los que se encuentran las víctimas de Mancuso, piden que se conozca toda la verdad sobre los hechos criminales de los comandantes y combatientes de las autodefensas, "para que en el país no sigamos matándonos como hasta ahora", según expresó uno de los participantes.
Los fiscales de la Unidad de Paz, que encabezan la primera audiencia al "Mono Mancuso" esperan que entregue la información y sus confesiones en torno a los crímenes cometidos por el grupo legal que comandaba en Norte de Santander y otras regiones del país.
Fiscalía dice que no está obligada a permitir el ingreso de víctimas a la versión libre de Salvatore Mancuso
El vicefiscal general de la Nación Guillermo Mendoza Diago, dijo que no es el momento para que las víctimas intervengan en la etapa judicial en la que Salvatore Mancuso deberá confesar todos sus crímenes si quiere ser cobijado con la Ley de Justicia y Paz.
Dijo el vicefiscal que las víctimas solo podrán intervenir en la audiencia pública de juzgamiento para hacer valer sus derechos.
Salvatore Mancuso tiene en la actualidad 20 procesos y una condena de 40 años de prisión, máxima pena estipulada en el código penal, por una masacre perpetrada entre el 19 y 20 de octubre de 1997 donde fueron asesinados 15 campesinos.
Mancuso reconocido por las autoridades como œTriple Cero, œEl Mono o œSantander Lozada, está sindicado de nueve homicidios y cuatro masacres, hechos que son investigados por fiscales de la unidad de derechos humanos.
Tiene siete órdenes de captura para rendir indagatoria, ocho medidas de aseguramiento, cinco llamados a juicio, una apelación pendiente y ha sido absuelto en dos oportunidades porque por el mismo delito ya había sido investigado.
Según se conoció, Mancuso sería el responsable de la masacre de Pichilín, Sucre, en hechos registrados el cuatro de diciembre de 1996 donde fueron asesinadas cuatro personas y por lo cual está cobijado con medida de aseguramiento.
Otras de las masacres en las que ha intervenido como autor intelectual es la de Dabeiba, en Antioquia, donde fueron asesinadas seis personas en noviembre de 1997 y una de las más crueles fue la perpetrada en el municipio de Tibú, Norte de Santander, donde 500 hombres de la autodefensas realizaron varios retenes y asesinaron a un gran número de campesinos el 29 de mayo de 1999.
Así mismo, Mancuso ha tenido que ver con el asesinato de funcionarios como el alcalde de San Jacinto (Bolívar) Carlos Augusto Quirot y también esta vinculado con el asesinato del profesor de la Universidad de Córdoba Álvaro Taborda ocurrido el nueve de enero de 1998; de igual manera es procesado por la muerte del presidente regional de la Unión Sindical Obrera (USO) Auri Saramarrugo y su escolta Enrique Arellano en diciembre de 2002.
Ante esta situación Salvatore Mancuso enfrenta delitos de lesa humanidad, homicidio en persona protegida, toma de rehenes, secuestro extorsivo y homicidio múltiple, factores que deben tenerse en cuenta en momentos que debe definir la situación jurídica tras su desmovilización.