La Corte Suprema reclamó magistrados y logística para ejecutar la Ley de Justicia y Paz
El presidente de la sala penal Mauro Solarte Portilla, manifestó que "esta corporación no está en capacidad de asumir el juzgamiento en segunda instancia y revisión, de los procesos contra los desmovilizados sometidos a la Ley de Justicia y Paz"
El presidente de la sala penal de la Corte Suprema, Mauro Solarte Portilla, manifestó que "esta corporación no está en capacidad de asumir el juzgamiento en segunda instancia y revisión, de los procesos contra los alzados en armas desmovilizados y sometidos a la Ley de Justicia y Paz".Señaló que existen vacíos en la Ley, que no establece el fortalecimiento estructural de la Corte para asumir esta responsabilidad, como sí ocurrió con la Fiscalía, la Procuraduría y los Tribunales donde fueron creadas unidades especiales de Justicia y Paz.Para evitar que colapse el proceso de juzgamiento de los alzados en armas, guerrilleros o paramilitares, que cumplen con los requisitos para beneficiarse con la Ley de Justicia y Paz, la Corte Suprema convocó para hoy una cumbre extraordinaria con el gobierno y los representantes del poder judicial, para adoptar soluciones inmediatas a este problema.El presidente de la sala penal dijo a través de Caracol Radio que no se trata de "un acto de rebelión", sino una "voz de alarma", frente a lo que representa la falta de magistrados y logística para juzgar a los ex paramilitares en el proceso de paz.Con el objetivo de superar este problema la Corte Suprema convocó para hoy a las tres de la tarde al ministro del Interior Carlos Holguín, al fiscal general Mario Iguarán, al procurador general Edgardo Maya, al Defensor del Pueblo Volmar Pérez, y al presidente del Consejo Superior de la Judicatura, José Alfredo Escobar.Solarte Portilla reiteró que la Corte Suprema de Justicia no cuenta con la logística suficiente para soportar el trámite en segunda instancia y en revisión de los 2695 procesos que serán conocidos por los tribunales especiales de justicia y paz.Agregó que "no se trata de evadir una responsabilidad establecida en la ley, sino de subsanar un vacío grave en materia de estructura dentro del proceso para el juzgamiento de los miembros de las organizaciones de autodefensas desmovilizados, y que cumplen con los requisitos para ser cobijados con los beneficios de justicia y paz".




