El Estado tendría que entregar la píldora del día después a las víctimas de violación

El Estado tendría que entregar la pastilla abortiva a cualquier persona que sea víctima del abuso sexual, un día después de la violación, según un proyecto de ley que será discutido en el Congreso de la República.
La iniciativa fue presentada por el representante a la Cámara por Bogotá, Angel Custodio Cabrera, quien explicó que en Colombia durante los últimos años se ha pensado demasiado en el castigo de los que cometen el delito y poco en las víctimas.
El proyecto establece que a través del Ministerio de Protección, y del Interior se entregue la asesoría en salud y jurídica con asistencia sicológica y material para las personas afectadas por el asalto sexual.
La propuesta fue divulgada en medio del drama generado en Bogotá por el caso de un hombre que abusó y dejó embarazada a su hijastra, quien tiene siete semanas de embarazo y, por tecnicismos jurídicos, se le niega la posibilidad del aborto, aunque se trate de un caso especial autorizado en el reciente fallo de la Corte Constitucional.
Exigen la sentencia y la reglamentación para la práctica del aborto
La abogada Mónica Roa, en diálogo con Caracol Radio, le pidió a la Corte Constitucional y al Ministerio de Protección Social que no dilaten más la expedición de la sentencia y la reglamentación sobre la despenalización parcial del aborto en Colombia.
La promotora de la histórica demanda lamentó la situación de la niña de 11 años, violada por su padrastro, y sobre quien sus familiares han solicitado que se le practique un aborto. Roa señaló que "no nos podemos quedar con los titulares de prensa sobre la excepciones para la ejecución legal del aborto".
Mónica Roa no descartó que los sectores opositores a la despenalización parcial del aborto, esten influyendo en la manera dilatada como la Corte Constitucional procede para la expedición definitiva de la sentencia.
También en diálogo con Caracol Radio el gerente del Hospital Simón Bolívar Hector Lemus, aseguró que por esta circunstancia se encuentran en un limbo jurídico y no clínico para practicar abortos en esta institución.
Señaló que mientras no se publique la sentencia por parte de la Corte, y el Ministerio de Protección Social reglamente esta práctica, para evitar demandas contra los centros hospitalarios y de atención médica.