Dos condenados por el caso de la guaca denuncian que altos mandos les ordenaron buscar en secreto más dinero

Al término de la audiencia pública de lectura de la sentencia condenatoria contra 144 soldados por la apropación de la guaca de las FARC, algunos de ellos revelaron detalles del regreso a San Vicente del Caguán, un año y medio después, para buscar más dinero.
Varios uniformados que integraban las Compañías Buitre y Demoledor y que participaron en la repartición del millonario botín, fueron contactados telefónicamente, al parecer, por miembros activos del ejército. Pese a estar retirados del servicio, recibieron entrenamiento especial durante dos meses para volver al sitio donde hallaron las caletas.
A cambio, dicen los soldados, les prometieron visa para ellos y sus familias, parte del dinero que lograran encontrar, entre otros beneficios que incumplieron. En el área del Coreguaje, San Vicente del Caguán, permanecieron durante casi una semana, pero no aparecieron nuevas caletas.
Jhon Vivas, uno de los condenados hoy por la Justicia penal Militar dijo a Caracol Radio: "yo no participé, pero tuve conocimiento que el regreso lo patrocinó el general Reinaldo Castellanos (Comandante del Ejército de la época) y otros altos oficiales".
Por su parte, otro de los implicados, Fernando Guerrero expresó "Nosotros volvimos al Coreguaje con mentiras del general Castellanos, nos dijo que nos iba a sacar del país, pero nada de eso nos cumplió". El caso se encuentra en manos de la Justicia Penal Militar.
144 militares pagarán entre cuatro y diez años de cárcel por robar 'la guaca' de las Farc
El juez Penal Militar del caso Carlos Eduardo Rayón,dictó sentencia condenatoria contra los militares implicados en el robo de "la guaca" de las Farc y distribuyó penas que van desde 4 años hasta 10 años de prisión. El juez ordenó la extinción de dominio para aquellos bienes que los militares hayan adquirido con el dinero hurtado.
Contra los tenientes Jorge Sanabria Acevedo y Fernando Mojica Calderón, comandante de la Compañía Buitres del Batallón de contraguerrilla No. 50 de la brigada N.6, con asiento en Popayán, y comandante de la compañía Demoledor, respectivamente , el juez dictó penas de 10 años de prisión, por ser quienes tenían el mando y por lo tanto, mucho más compromiso con el cumplimiento de la ley .
Sinembargo, a los condenados los exoneran de la devolución del dinero apropiado, por desconocerse el monto real.
Para 15 suboficiales implicados, entre quienes se encuentran seis sargentos y 9 cabos, la pena fue de 9 años de cárcel.
Para la mayoría de los soldados, la pena aplicada fue de siete años de prisión. Para aquellos que colaboraron con su testimonio y devolución de algún dinero, el juez fue más flexible y los condenó a cinco años y 8 meses de cárcel. Para ellos sí fue ordenada el pago del dinero robado.
La sentencia tiene recurso de apelación ante el Tribunal Superior Militar.
Termina de así, por lo menos en buena parte, uno de los procesos judiciales más sonados de los últimos años, desde que los militares hallaron y guardaron para sí, la suma de al menos 40 mil millones de pesos, que las Farc tenían enterrada en cercanías a San Vicente del Caguán.