El crimen organizado vuelve a desafiar a las autoridades en Sao Paulo
El crimen organizado volvió a mostrar hoy su poder en Sao Paulo con ataques a edificios públicos, bancos y autobuses que empiezan a volverse cotidianos en el estado más rico y populoso de Brasil.
El crimen organizado volvió a mostrar hoy su poder en Sao Paulo con ataques a edificios públicos, bancos y autobuses que empiezan a volverse cotidianos en el estado más rico y populoso de Brasil. Dos sospechosos fueron abatidos por la policía y otras cinco personas fueron detenidas, de las cuales cuatro ya recuperaron la libertad, por su presunta participación en los 27 atentados registrados hoy, según la Secretaría de Seguridad Pública. Las autoridades sospechan que detrás de la violencia está la mafia de presos Primer Comando de la Capital (PCC), que en mayo pasado desencadenó una ofensiva que dejó al menos 133 muertos, según datos oficiales, y volvió a perpetrar atentados en julio, que causaron ocho muertos. A diferencia de esos ataques, que tuvieron como principales objetivos los miembros de cuerpos policiales y carceleros, los de hoy se centraron en oficinas públicas, autobuses, bancos y comercios. El peor atentado fue contra la sede del Ministerio Público Regional en el centro de Sao Paulo, donde una bomba de fabricación casera destruyó la fachada y los ventanales del edificio, mientras que otro artefacto hizo explosión frente a la Secretaría de Hacienda. También fueron incendiados al menos 14 autobuses en Sao Paulo y otros municipios vecinos, así como dos vehículos policiales y diez agencias bancarias, mientras que un puesto de la Guardia Civil Metropolitana fue atacado a tiros. Dos empresas de autobuses retiraron de la circulación a sus vehículos por miedo a la acción de bandidos, pero no hubo mayores trastornos para el grueso de la población. El fiscal Rodrigo Pinho atribuyó el ataque contra el Ministerio Público a las medidas que esa institución ha tomado contra el PCC, cuyos cabecillas dirigen desde las prisiones el crimen organizado en el estado de Sao Paulo. Pinho recordó que el Ministerio Público denunció penalmente el pasado viernes al jefe del PCC, Marcos Willians Herbas Camacho, "Marcola" por el asesinato de un bombero ocurrido durante los ataques de mayo pasado. El Ministerio Público también se ha opuesto a que miembros del PCC sean beneficiados con los permisos que la Justicia dará el próximo fin de semana a unos 12.000 presos de Sao Paulo para que pasen el Día del Padre (13 de agosto) con sus familias. "No tiene sentido permitir la salida provisional de integrantes del PCC", afirmó Pinho, al recordar que en los ataques de mayo participaron presos que habían recibido permisos de libertad por el Día de la Madre. El gobernador de Sao Paulo, Claudio Lembo, afirmó que a pesar del rebrote de violencia, la situación es de normalidad pues, en su opinión, después de los primeros desafíos del PCC la policía está en alerta y "la población se siente más segura". Lembo, del opositor Partido del Frente Liberal (PFL), rechazó una vez más el ofrecimiento del gobierno nacional de enviar tropas federales a Sao Paulo para ayudar a la lucha contra la delincuencia con el argumento de que las autoridades locales están preparadas para ello. El gobernador, que mantiene un tira y afloja con el Gobierno nacional por la cuestión de la seguridad pública, señaló que "prefiere el Ejército y la Fuerza Nacional en las fronteras brasileñas" por donde, dijo, entran las armas del crimen organizado. Según analistas políticos, Lembo rechaza las tropas federales porque no quiere que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, explote políticamente el tema de la violencia en la campaña electoral en marcha. Lula, que aspira a la reelección en octubre próximo, tiene como principal rival a Geraldo Alckmin, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), quien hasta marzo pasado fue gobernador de Sao Paulo y responsable de la seguridad publica regional. El ministro de Justicia, Marcio Thomaz Bastos, que por coincidencia estaba hoy en Sao Paulo, afirmó que como ciudadano se siente "amedrentado" por la violencia y pidió que la seguridad pública no se maneje con criterio político. "Es necesario evitar de todas las formas la disputa política, la guerra electoral, porque eso beneficia a los bandidos", expresó.




