Gobierno investiga casos de 24 desaparecidos que luego fueron reportados como guerrilleros

El gobierno anunció que adelantará una completa investigación por las denuncia sobre la desaparición de varias personas en Antioquia que luego son presentadas por el ejército como muertas en combates.
El ministro de Defensa, Camilo Ospina, durante un Consejo de Seguridad realizado en Medellín, manifestó que aunque no tiene certeza sobre los casos denunciados, estos se revisarán así como las actuaciones de la fuerza pública, que deben estar sujetas a la Constitución y la ley, y garantizó que los hechos serán aclarados.
En diversas subregiones de Antioquia se ha denunciado la desaparición de 24 personas, cuyas familias luego las reciben muertos y con señalamientos de que pertenecían a grupos armados ilegales y fueron abatidas en combates.
Desmovilizados no pueden tener armas
El ministro de Defensa fue enfático, además, en que no se permitirá que los reinsertados de las AUC continúen portando armas, pues su compromiso es no llevarlas, y señaló que se han dado instrucciones al Ejército y la Policía para que se detenga a quienes porten armamento y se investigue su situación jurídica.
Recordó también, que en el país sólo hay una Convivir que cuenta con la autorización de la Superintendencia de Vigilancia para operar, y que las demás organizaciones de seguridad que siguen operando con ese nombre son ilegales.
Un anunció importante fue el de no obligar a las personas a que se identifiquen para informar de los casos de extorsión, un delito que va en incremento en el país pero que la gente no denuncia por temor.
El ministro reveló que de ahora en adelante los ciudadanos podrán denunciar los casos de extorsión sin tener que comprometer su identidad, aún corriendo el riesgo de que algunos casos no sean ciertos, situación que deberán entrar a controlar y definir las autoridades.
El ministro de Defensa, Camilo Ospina, concluyó su reunión de seguridad con una visita a la comuna trece, para revisar como continua la situación de orden público, luego de que el estado retomará el control de la zona en el 2002.