El DAS cambiará de nombre y trasladará funciones de escolta a la Policía Nacional

El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) entrará en un proceso de reestructuración, que incluye el cambio de su nombre y la entrega a la Policía Nacional de sus funciones de escolta a las personas que requieren seguridad especial.
La decisión está consignada en un documento con las conclusiones de la Comisión Especial para la Reestructuración del organismo, que entregó su informe final. Allí señala que lo que llevó a la crisis a la institución fue la inestabilidad de los funcionarios de alto nivel en los últimos 3 años y recomendó fortalecer las áreas de inteligencia y contrainteligencia.
El informe fue presentado por dos de los cinco miembros de la comisión asesora, el ex procurador Carlos Gustavo Arrieta y Claudia Jiménez, ex directora del programa de Reforma a la Administración Pública, quienes explicaron las nueve sugerencias que le presentaron al presidente Alvaro Uribe y que el primer mandatario aprobó.
Los especialistas anotaron que uno de los problemas más graves que será centro de la reestructuración del organismo es el dedicarse casi por completo a desarrollar su labor: recopilar, analizar y administrar la información de inteligencia del Estado.
Por eso ahora se llamará Departamento Administrativo de Inteligencia, DAI, y no se encargará de labores de protección personal, excepto de personalidades del alto gobierno.
Sobre el trabajo de inteligencia se recomienda asignar a esa dirección solo personal profesional calificado y destinar por lo menos el 70 por ciento de los recursos de la entidad a ejercicios de dichas funciones.
El nuevo DAI mantendrá sus atribuciones de policía judicial, continuará como representante ante la Interpol, se mantendrá a la cabeza del control migratorio y expidiendo el certificado judicial.
Sobre las labores de escolta, la comisión asegura que es necesario y urgente establecer un marco jurídico moderno para analizar el acierto de la selección de personalidades que deban ser protegidas por funcionarios del organismo.
El informe no revela ninguna conclusión sobre la presunta infiltración del paramilitarismo en la entidad y aclara que ese es asunto que compete a la Fiscalía y a organismos de control.