Multas de hasta $6 mil millones a quienes no reporten operaciones sospechosas de lavado de dinero anuncia el gobierno

El gobierno lanzó una nueva ofensiva contra el lavado de dinero, anunció la creación de una gran central de consulta e información sobre operaciones sospechosas y la imposición de multas de hasta seis mil millones de pesos a las entidades públicas y privadas, incluyendo los bancos que no reporten a las autoridades movimientos de dinero de dudosa procedencia.
Las sanciones se extenderán a los presidentes o gerentes de los establecimientos a quienes se les sancionará con hasta 60 millones de pesos.
El Ministerio de Hacienda, la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF y la DIAN, dijeron que no están satisfechos con los reportes de operaciones sospechosas que están recibiendo y que este año alcanzan siete mil 747 casos y 69 mil 970 desde 1999.
El gobierno fijó hasta el 31 de diciembre para que las entidades obligadas a enviar la información, como son los bancos, notarías, superintendencias y otros establecimientos oficiales y privados, ajusten y mejoren sus sistemas de prevención y mejoren el despacho de la información a la UIAF.
El gobierno anunció la creación del Sistema Centralizado de Consultas e Información, SCCI, al que podrán acceder la UIAF, la Fiscalía, Asobancaria, DAS, Dijin, Dian, Supernotariado, Mintransporte, Estupefacientes, el Banco de la República, la Superbancaria, la Procuraduría, Supersociedades y Supervalores y la Contraloría.
El Ministerio de Hacienda alertó sobre la creciente utilización de lo que llamó "gente incauta" que se presta para operaciones de lavado como facilitar sus cuentas bancarias y recibir giros a nombre de terceros. El cincuenta por ciento de los reportes sobre operaciones sospechosas del sistema financiero corresponde a esta clase de incautos, indicó la UIAF.
La Dian reveló que investiga 17 casos de importaciones de arroz con la que se estaría lavando dinero dinero del narcotráfico en la medida en que las compras están sobrevaloradas. El organismo investiga otros casos como la exportación de ganado sobrefacturado a Venezuela y la venta ficticia de bienes inmuebles y hasta la importación de cobijas con valor subfacturado.