Alvaro Uribe defendió la seguridad democrática y la ley de justicia y paz ante la ONU

El presidente Alvaro Uribe Vélez, defendió ante la asamblea general de las Naciones Unidas en Nueva York, la política de seguridad democrática, la ley de justicia y paz, y la erradicación de cultivos ilícitos, con motivo de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
Llamó la atención de la comunidad internacional para respaldar los programas de desmovilización de los grupos armados ilegales, anotó que en lo corrido del año más de 20 mil miembros de las autodefensas han entregado sus armas.
También elevó su voz de protesta por el incremento de los precisos del petróleo, que afectan los intereses de los países más pobres, que además enfrentan la falta de alternativas energéticas.
El mandatario dijo que "la amenaza de los precios del petróleo" atenta contra la estabilidad política y social de las economías en desarrollo.
La siguiente en la intervención del Presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, en la 60 Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas:
Deseo saludar al Secretario General y al Señor Jan Eliasson, nuevo Presidente de la Asamblea General. Le deseo, señor presidente éxito en este proceso de reforma que comienza.
La celebración del 60 aniversario es un escenario propicio para reiterar el compromiso de mi país con los principios y objetivos de las Naciones Unidas. Expresamos nuestro reconocimiento y apoyo en la tarea de reforma de la Organización.
La adhesión y respeto de Colombia al multilateralismo se cimenta en la activa participación durante todo el proceso de las Naciones Unidas, desde el 26 de Junio de 1945, al suscribir la Carta de San Francisco, hasta nuestros días, con la importante presencia de varios de sus organismos en mi país, que apoyan las políticas nacionales para resolver los retos que enfrentamos.
Constituye motivo de orgullo saber que varios colombianos han dejado su huella en la organización. Cabe mencionar, entre otros, al ex-Presidente Alberto Lleras Camargo, uno de los primeros y más aguerridos y eficaces defensores del principio de igualdad jurídica entre los estados. También fue un paladín de la defensa común, que compromete a los estados democráticos a acudir en la defensa de cualquiera de ellos que resultare agredido.
Colombia tuvo el privilegio de presidir, con Eduardo Zuleta Ángel, la apertura de la Primera Asamblea General. Su visión de la Organización es tan vigente hoy como hace 60 años, tal y como fuera reconocido por usted, Señor Presidente, en su discurso ante la Asamblea en días pasados.
Señor Presidente:
La diversidad y la evolución del pensamiento son dones del ser humano. Para ejercer estas facultades, se requiere que los estados garanticen oportunidades democráticas, que permitan a cada individuo aportar y competir en la búsqueda del bien colectivo. No hay lugar para el Fin de las Ideologías. Estancar la ideología es anular la emulación, desconocer la inteligencia y paralizar la creatividad para el hallazgo de soluciones a los problemas de los pueblos.
Del reconocimiento de la diversidad y la evolución del pensamiento surge nuestra vocación por el pluralismo. Este ilumina nuestra lucha contra el terrorismo, que durante 3 largos años hemos adelantado con convicción democrática.
Al ver las dictaduras como expresiones del pasado y la democracia como paradigma indestructible, es oportuno revisar conceptos que empiezan a ser obsoletos y que deben ser sustituidos por otros más útiles y modernos.
La visión que categoriza los gobiernos como de izquierda y derecha, es una perspectiva simplista que produce un ambiente político polarizante. Ha desatado emociones y sensibilidades irreconciliables, que no son consecuentes con las acciones que se llevan al interior de los gobiernos y que amenazan la unidad de nuestros países.
Me atrevo a proponer que, en su lugar, utilicemos cinco parámetros para calificar nuestras democracias. Ellos son: la seguridad con alcance democrático; la protección efectiva de las libertades públicas; la transparencia como factor de confianza; la cohesión social como principio de sostenibilidad democrática; y, la independencia de las instituciones.
Así, bajo estos parámetros, podemos definir si una democracia es institucional o caudillista; si está regida por el ordenamiento jurídico o por caprichos personalistas; si es una democracia progresista o retardataria, incluyente o excluyente.
Colombia está trabajando un concepto de Seguridad Democrática, inserto en la seguridad global. La llamamos democrática porque difiere de la doctrina de Seguridad Nacional, que recorrió el continente y se utilizó para suprimir libertades, castigar la democracia, estigmatizar a la oposición y frustrar el disenso.
Nuestra seguridad está orientada a la profundización de la democracia. Hemos hecho un gran esfuerzo para que ese proceso de restablecer la seguridad se sienta como un valor democrático para todas las expresiones del pensamiento. Nos hemos propuesto que la seguridad le llegue por igual, de manera eficaz y transparente, a los más cercanos amigos de las tesis de Gobierno y a los más duros contradictores.
En Colombia, el problema de la seguridad ha sido el producto de la debilidad del Estado frente a los delincuentes. Hemos querido transformar la ecuación y tener, finalmente, un Estado con toda la fortaleza para garantizar a los colombianos la eficacia de sus libertades y ponerlos a salvo de todas las amenazas.
Frente a una democracia profunda y sin ambigüedades, ninguna acción violenta puede tener visos de legitimidad; al contrario, se demanda su descalificación con el señalamiento de terrorista. Por ello somos solidarios con aquellos pueblos y personas que sufren las acciones del terror.
Durante tres años consecutivos han disminuido el homicidio, el secuestro y otros crímenes terroristas. Todavía no hemos ganado la batalla contra el terrorismo, pero la estamos ganando. Esa victoria dará tranquilidad y progreso a Colombia y, erradicadas de su suelo las drogas ilícitas, el mundo sentirá inmenso alivio. Para ello necesitamos el concurso y el apoyo de la comunidad internacional.
La oposición en Colombia siempre ha tenido garantías, pero hoy son realmente eficaces gracias a la seguridad democrática. Colombia siempre ha acogido la causa de los derechos humanos, pero estos cuentan ya con mayor respeto en la práctica, gracias a la seguridad democrática.
El concepto de seguridad que profesamos y practicamos, al fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones, exige que los violentos cesen hostilidades y se apresten a negociar el respeto definitivo a la paz. La acción decidida y firme de combatir a quienes ejercen el terror, de la mano de una política generosa para quienes deciden dejar la intimidación por las armas, ha permitido la desmovilización y reinserción de 20.000 terroristas, de los cerca de 50.000 que encontramos. El Gobierno mantiene abiertas las puertas de la negociación.
Necesitamos el apoyo del mundo a nuestros planes de reinserción. Imaginen ustedes el tamaño del desafío: 20.000 reinsertados que podrán duplicarse en los años venideros. Personas que han vivido de las armas, acostumbradas a matar, merecen la oportunidad de rehacer sus familias y encontrar un empleo lícito. ¿Qué mejor contribución a la paz que el abandono definitivo de la ilegalidad? Para ello requerimos brindar nuevas oportunidades de rehabilitación e integración social.
Estamos en la implementación de la Ley de Justicia y Paz, aplicable a todos los grupos terroristas. En comparación con leyes anteriores de Colombia y otras de procesos en diversos países, eleva la exigencia en materia de justicia y de reparación a las víctimas.
Para erradicar la droga que financia el terrorismo, hemos aumentado las fumigaciones y estamos muy optimistas con la erradicación manual, que al terminar 2005, debe completar 30.000 hectáreas destruidas. Requerimos más apoyo del mundo para encontrar oportunidades alternativas a nuestros campesinos.
La seguridad democrática ha empezado a recuperar la confianza inversionista, que muestra ya los primeros signos de disminución del desempleo. De ahí provendrán los recursos para enfrentar otro desafío: la superación de la pobreza y la construcción de una nación con total cohesión social.
Nuestra política social está enmarcada en una visión de largo plazo y en metas inmediatas que se revisan cotidianamente. Están ajustadas a las metas del Milenio, cuyo cumplimiento reiteramos ayer ante esta Asamblea.
De los 7 capítulos de nuestra política social, permítanme hacer mención a 3: la Revolución Educativa, eje de la cohesión social, es el camino de la equidad en la distribución del ingreso y de la apertura de canales de ascenso social, sin los cuales la democracia queda a medias; el País de Propietarios, con énfasis en la financiación de medianos, pequeños y microempresarios, para superar la barrera de acceso al crédito, odiosa discriminación que oscurece la democracia; y, la Protección Social Integral, que en 3 años deberá tener seguro de salud para toda la población pobre, que avanza en la alimentación a los niños para facilitar su acceso a la educación y en la atención a los ancianos.
Colombia debe terminar este año con 500.000 Familias en Acción, o familias pobres educadoras, que reciben un subsidio del Estado para la alimentación y educación de sus hijos. En el próximo futuro llegaremos a 1 millón, todo lo cual se suma a los crecientes esfuerzos presupuestales para la revolución educativa. En 2006, completaremos 10 millones de niños beneficiados por los programas de nutrición y 570 mil ancianos recibirán un estipendio que les permite cubrir sus más urgentes necesidades.
Nuestra política social también comprende un esfuerzo constante para fortalecer los programas de desarrollo alternativo que permitan superar de manera definitiva el problema de las drogas ilícitas. En estos, la comunidad internacional tiene una oportunidad única para contribuir y hacer efectivo el principio de corresponsabilidad.
El programa familias guardabosques, que suma 33.000 familias comprometidas a mantener sus áreas libres de droga y a supervisar la recuperación del bosque tropical, y la atención a los desplazados y reinsertados, son programas sociales que el próximo año deben costar no menos de 300 millones de dólares.
Somos firmes en la lucha contra el terrorismo y firmes en la convicción de que una victoria permanente y sostenida depende del éxito en la lucha de cada país por la cohesión social. Al proyectar nuestra política de seguridad para que se convierta en un axioma de Estado, la concebimos inexorablemente acompañada del permanente mejoramiento de la situación social de nuestro pueblo.
Es equivocado el dilema entre autoridad versus política social. La paz es hija de la autoridad, pero para alcanzarla de forma definitiva se requiere construir un tejido social con equidad.
Sea esta una oportunidad para llamar la atención sobre la amenaza del precio del petróleo y de la falta de alternativas energéticas, sobre países pobres que son importadores netos. Ya se expresan asomos de inconformidad que pueden sobrevenir en graves quebrantos a la estabilidad institucional. No enfrentar este problema puede generar obstáculos mayores a la lucha contra la pobreza. Muchos países, entre ellos Centroamericanos y del Caribe, requieren una acción urgente para ayudar a financiar la provisión de combustibles y el desarrollo de nuevas fuentes.
Reitero la gratitud de los colombianos por la presencia solidaria y eficaz de Naciones Unidas en nuestro suelo.
Deseamos que la discusión sobre la reforma afiance más el multilateralismo. Deseamos que de ese debate emerja la Organización fortalecida, para promover la existencia efectiva de una democracia institucional, regida por el ordenamiento jurídico, progresista e incluyente, en cada uno de los países del concierto de las naciones.
La diplomacia contemporánea, con Naciones Unidas a la cabeza, tiene que tornarse más austera en gastos, apelar más al Internet y a las comunicaciones modernas, menos a los viajes, a fin de no constituirse en carga onerosa para los países y así hacer posible que los recursos ahorrados en organizaciones, gastos y contratistas, lleguen de verdad a las comunidades a reivindicar.
Cada país y Naciones Unidas, como nuestra organización universal, pueden contribuir para hacer realidad estos anhelos y brindar paz, seguridad y desarrollo integral a nuestros pueblos, cumpliendo así las metas que nos hemos propuesto para los primeros años del Siglo XXI.
Saludamos con afecto al pueblo norteamericano golpeado por el huracán Katrina, y deseamos expresar nuestra concreta solidaridad a los afectados.
Estamos empeñados en una tarea: cumplir las metas sociales del milenio.