Suspensión de la exportación de crudo en Ecuador demuestra la gravedad del conflicto

La suspensión de las exportaciones de crudo de Ecuador, ordenada el jueves por el presidente del país, Alfredo Palacio, subraya la gravedad del conflicto que paraliza desde el domingo pasado las provincias petroleras de Orellana y Sucumbíos.
Palacio decretó el miércoles el estado de emergencia en esas dos provincias y el jueves el Ejército tomo el control del área, donde gran parte de la población, apoyada por las autoridades regionales, secunda un paro general para exigir mejores infraestructuras.
Con una fuerte presencia militar en toda la zona, el jueves hubo enfrentamientos entre soldados y participantes en las protestas.
Las informaciones independientes desde el área son escasas, después de que los militares impusieran la censura previa, recogida en la declaración del estado de emergencia decretado por Palacio.
Las contradicciones informativas han sido numerosas y el jueves por la mañana, mientras una fuente militar decía a EFE que el Ejército controlaba los aeropuertos, a la misma hora líderes de la protesta lo desmentían y señalaban que las pistas seguían ocupadas.
Ya por la noche, fuentes de los huelguistas informaron a EFE que habían entregado "pacíficamente" a los militares el aeropuerto de Orellana en "señal de buena voluntad", para propiciar el diálogo.
Responsables gubernamentales han acusado a los huelguistas de llevar a cabo atentados y acciones vandálicas, algunas de ellas con explosivos, lo que los organizadores del paro han negado en notas remitidas a EFE, en las que responsabilizaban al Gobierno y los militares de la violencia.
Autoridades regionales de Sucumbíos y Orellana respondieron que el Gobierno "generó la violencia" al imponer el estado de emergencia y acusaron a los militares de iniciar una "represión brutal" contra los huelguistas, que reclaman medios para el desarrollo de la zona, la más rica en petróleo de Ecuador y una de las más deprimidas.
En una intervención por televisión, el jefe del Estado aseguró el jueves por la noche que son "peligrosas para la estabilidad económica" las pérdidas registradas por la huelga.
"Aquí no está en juego la estabilidad de un Gobierno, está en juego la estabilidad del pueblo. No podemos permitir que se juegue con el destino del país, con su futuro", afirmó.
Palacio lamentó que "las necesidades, largamente olvidadas, de la población se convierten en coartada para conseguir objetivos políticos oscuros", que no reveló.
"Las formas de violencia que han utilizado sus cabecillas llegan a extremos que atentan contra toda seguridad ciudadana", dijo, al tiempo que anotaba que, debido a la huelga, la producción de crudo descendió de 201.000 barriles el pasado sábado "a cero" el mediodía del jueves, por lo que ordenó suspender las exportaciones.
El presidente indicó que los cambios hechos recientemente en un fondo de excedentes petroleros, que antes se destinaba en mayor parte al pago de la deuda exterior y que ahora se han redistribuido para el sector social, "corren riesgo de anularse".
El gobernante agregó que, a las pérdidas de la producción petrolera estatal, se suma la de 328.000 barriles de las empresas privadas, valorados en unos 18 millones de dólares, de los cuales el Estado recibe aproximadamente la cuarta parte.
La vuelta a la actividad normal en los pozos petroleros, según Palacio, puede tomar un tiempo "prolongado" y para octubre las pérdidas pueden alcanzar los 443 millones de dólares.
El presidente Palacio aseguró que su Ejecutivo "está abierto al diálogo" con los responsables de esas provincias, a los que pidió "suprimir de inmediato las acciones de fuerza y violencia".
Los organizadores de la protesta calificaron la intervención de Palacio de "farsa" y señalaron que "más dinero pierde el país con lo que le roban las compañías extranjeras, con los impuestos que no pagan los ricos, con los que no pagan los bancos que quiebran y con los intereses que se lleva la deuda externa".
"Por todo esto no se enojan tanto como aparentaba estar el señor Palacio esta noche en televisión. Pensamos que, debajo de ese enojo, lo que había era miedo ante las presiones de Estados Unidos", que según señalan en una nota remitida a EFE defiende los intereses de las petroleras estadounidense que operan en Ecuador.
Las autoridades regionales, que apoyan el paro, se han mostrado dispuestas a negociar con el Gobierno, pero sin desistir de la huelga, que niegan tajantemente que tenga motivaciones políticas y recalcan que defiende "la dignidad" de una zona donde un 85 por ciento de la población vive en la pobreza.