Organización de derechos humanos pide en Bolivia amnistía para un colombiano preso

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) pidió al Gobierno de Bolivia una amnistía para el colombiano Francisco Cortés Aguilar, detenido desde hace más de dos años en el país andino por el supuesto delito de terrorismo.
El secretario general de la FIDH, Luis Guillermo Pérez, informó que, mediante el viceministro de Justicia, Reynaldo Imaña, ha solicitado al presidente boliviano Eduardo Rodríguez que asuma esa medida.
"Hemos ofrecido la posibilidad de que el presidente de la República, en el uso de su mandato constitucional, le otorgue una amnistía", indicó Pérez, después de denunciar supuestas irregularidades en el proceso.
Advirtió además que el ente está dispuesto "a llevar este caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, si fuera necesario".
Por su parte, el vicepresidente de la organización, el portugués José Rebelo, anunció que la FIDH "va a hacer llegar un dossier completo sobre el caso a ACNUR", el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
"En caso de no haber amnistía", añadió, el organismo prometió enviar después a un jurista a La Paz que trabajará en calidad de consultor en el proceso.
Pérez y Rebelo se encuentran desde el lunes pasado en Bolivia para analizar la situación de los derechos humanos en esa nación sudamericana.
Cortés Aguilar y cuatro bolivianos dirigentes de un sindicato de productores de coca fueron detenidos el 10 de abril de 2003 en posesión de documentos con el nombre de las guerrillas izquierdistas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Después de la captura, el colombiano y otras 16 personas fueron acusados de los delitos de terrorismo, alzamiento armado, organización criminal, fabricación y posesión de explosivos, falsedad ideológica, narcotráfico e intento de asesinato.
En los más de dos años que lleva detenido en Bolivia, Cortés ha estado recluido en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano andino, y en el penal de régimen abierto de San Pedro, en La Paz.
Actualmente está bajo arresto domiciliario en una propiedad del Estado boliviano porque carece de fondos económicos.
El 4 de abril pasado, el juicio que se sigue en su contra fue aplazado indefinidamente por una recusación presentada por la defensa de los inculpados.