Entró en vigencia la ley de Justicia y Paz

Un mes después de ser aprobada por el Congreso, el Gobierno sancionó la controvertida ley de Justicia y Paz, en un acto desprovisto de protocolo.
La norma llegó firmada por el presidente Alvaro Uribe al despacho del ministro del Interior, Sabas Pretelt, donde fue signada por el funcionario y por el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo.
La ley que crea un marco jurídico para la desmovilización de grupos armados ilegales que adelanten negociaciones de paz con el Gobierno, establece penas alternativas de prisión de entre cinco y ocho años de prisión, para los delitos cometidos por razón a la pertenencia al grupo.
Las penas pueden purgarse también en cárceles del exterior y en todo caso la permanencia hasta por año y medio en zonas de ubicación como la de Santa Fe se computa como parte del tiempo de prisión
Según el ministro del Interior, Sabas Pretelt, los beneficios se concederán de acuerdo con la confesión que hagan de sus delitos, la entrega de los bienes adquiridos ilícitamente y la expresión del deseo de efectuar una reparación a las víctimas.
El juzgamiento de los hechos corresponde a los tribunales superiores de distrito, previa aceptación de cargos o imputación de la Fiscalía, a través de procesos sumarios que no deben durar más de 60 días. La segunda instancia le corresponde a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
El viceministro de Justicia y Fiscal General electo, Mario Iguarán, dijo que ese tiempo de dos meses es más avanzado que el aplicado en los procesos orales de Estados Unidos, que es de 30 días, pero con la adición de elementos como la confesión, la exposición de pruebas y las investigaciones que ya tienen en curso la Fiscalía.
El ministro Pretelt afirmó que con antelación a la sanción de la ley, la Fiscalía ya realizaba como tarea un proceso de selección de casos y en la investigación de los antecedentes de cada uno de los miembros de los grupos paramilitares, mientras que el Consejo Superior de la Judicatura realizó una los candidatos a conformar los tribunales que se encargarán del juzgamiento en primera instancia.