Amnistía Internacional le pidió a España definir su posición en torno a la Ley de Justicia y Paz

En un comunicado, el organismo de Derechos Humanos afirma que el gobierno español ignora las consecuencias de su política exterior en los derechos humanos, al no definir si apoya o no las políticas de Colombia en el proceso de paz que adelanta con el grupo armado ilegal Autodefensas.
Después de una reunión celebrada ayer entre varias ONG, el ministro de Asuntos Exteriores Miguel Angel Moratinos lamentó que la posición del gobierno español continué siendo ambigua en ese aspecto y advirtió que Amnistía Internacional insiste en que la Ley Justicia y Paz garantiza la impunidad de quienes han cometido abusos contra los derechos humanos y que sin justicia no es posible un final definitivo para la crisis de derechos humanos colombiana que ha durado más de 40 años .
Amnistía Internacional envió recientemente al presidente Zapatero más de 25.000 correos electrónicos con una petición muy clara: que no apoye la Ley de Justicia y Paz , pero que la iniciativa del mecanismo de vigilancia de seguimiento de la aplicación de esta Ley, constituye una legitimación de la misma.
"Es preocupante el desconocimiento del Gobierno español sobre las consecuencias que tiene apoyar este instrumento jurídico para las víctimas de un conflicto que ha cobrado la vida de más de 70.000 personas y ha provocado el desplazamiento de tres millones y medio de civiles", ha declarado Amnistía Internacional.
La organización insiste al Gobierno español que no apoye ninguna desmovilización de grupos armados ilegales hasta que el gobierno colombiano haya impuesto garantías que aseguren que todos los miembros de estos grupos responsables de abusos contra los derechos humanos y los que los han apoyado militar y económicamente, comparecen ante la justicia. Estas garantías son parte de las obligaciones internacionales contratadas por el Estado colombiano con la verdad, la justicia y la reparación y no están reconocidas en la Ley de de Justicia y Paz.
Para Amnistía Internacional, la única forma de conseguir una desmovilización real es obligar a los paramilitares a cooperar plenamente con las autoridades judiciales y revelar información sobre los delitos que ellos y otros combatientes han cometido, los bienes que han adquirido gracias a sus actividades ilegales y el papel desempeñado por las fuerzas de seguridad y otros agentes estatales y privados en las violaciones de derechos humanos, agregó el organismo de derechos humanos.