La OIT denuncia que el trabajo forzoso se da en escenario de conflicto y por parte de los grupos paramilitares

Roger Plant, jefe del programa contra el trabajo forzoso de la OIT dijo que en Colombia "el trabajo forzoso se da en el escenario del conflicto y por parte de los grupos paramilitares". El funcionario dio estas declaraciones al presentar un informe de la Organización Internacional del Trabajo en el que busca fondos para promocionar una estrategia global contra ese flagelo que afecta a millones de personas en todo el mundo y que, según los expertos, es sólo la punta del iceberg de un problema existente en países ricos y pobres.

"En octubre próximo celebraremos una reunión de donantes para afrontar este enorme desafío que supone la erradicación o eliminación del trabajo forzoso en el mundo", informó Roger Plant. El objetivo, dijo Plant, es convocar en 2006 una reunión de alto nivel en la que la OIT pedirá a la comunidad internacional una aportación inicial de 100 millones de dólares. El trabajo forzoso tiene atrapadas a 12,3 millones de personas en el mundo, de los que el 80 por ciento está en Asia y en torno al 10 por ciento en varios países de Latinoamérica.

Pero, aunque la mayoría de esas personas "esclavizadas" están en países pobres o en desarrollo, también se han detectado casos en las naciones ricas e industrializadas, en las que se estima que son 360.000 los afectados, señaló el experto. "El trabajo forzoso no está limitado a las poblaciones pobres y discriminadas, también tiene muchos vínculos con la inmigración ilegal, y, desde luego, no es algo limitado a algunas bolsas de pobreza en el mundo", dijo Plant, que subrayó que "no hay lugar en el mundo que esté libre de ese tipo de prácticas".

La OIT emitió en mayo pasado su primer informe sobre este problema en el que señalaba que en Asia hay 9,5 millones de trabajadores forzosos, mientras que en América Latina y el Caribe hay 1,3 millones de personas en esa misma situación. En el Africa subsahariana el trabajo forzoso afecta a 660.000 personas, en Africa del Norte y el Oriente Medio a 260.000, en los países desarrollados a 360.000 y en los países con economías en transición a 210.000 personas.

"El trabajo forzoso está presente de una u otra forma en todos los continentes, en casi todos los países y en todo tipo de economía", dice el documento de la OIT. En el caso de los países industrializados, dijo el experto, ese tipo de situación se da en algunos de la Unión Europea (UE), en EEUU, Canadá, Australia o Japón, y afecta a los sectores de la agricultura, la construcción, el empleo doméstico o la industria textil.

El objetivo de esta agencia especializada de la ONU, con sede en Ginebra, es cumplir con la meta de haber erradicado esa moderna forma de esclavitud en 2015, fecha fijada por los Objetivos del Milenio de la ONU para acabar con ése y otros graves problemas que afectan en todo el mundo. También quiere sensibilizar a la opinión pública internacional respecto al objetivo de una globalización justa, "en la que se dé prioridad a la gente y se respeten plenamente las normas laborales fundamentales", dijeron fuentes de la OIT.

Asimismo, señalaron que la única forma de luchar contra el trabajo forzoso es con "voluntad política al más alto nivel" e implicación de los empleadores, sindicatos y otros colectivos de la sociedad civil involucrados. La estrategia global del organismo "servirá para apoyar y reforzar" los programas ya existentes que buscan acabar con ese problema en diversos países, como por ejemplo en India, Pakistán, algunos de Asia Central, o Brasil, Bolivia, Paraguay, Perú y Colombia, entre otros en América Latina.

El directivo de la OIT subrayó que el organismo internacional se sentía "animado por las acciones tomadas por el presidente de Brasil, Luiz Inázio Lula da Silva para luchar contra el trabajo forzoso en su país". Agregó que desde mediados de 2003, "varios miles de personas que estaban en esa situación en Brasil han sido liberados", al tiempo que animó a Brasilia y a los demás países latinoamericanos en los que se da el problema a que hagan reformas legislativas para abordarlo.

"Hasta hace poco Brasil era el único país latinoamericano que había enfrentado el problema, que existe en zonas remotas de la Amazonia y afecta, sobre todo, a los pueblos indígenas", señaló Plant, que también indicó que Perú, Bolivia y Paraguay hicieron reformas legales para afrontar la situación.