EEUU critica 14 países por no combatir la "trata de personas"
El tráfico de personas no se combate de forma adecuada en 14 países, cuatro de ellos aliados de EEUU, según un informe del Departamento de Estado publicado, en el que se define este fenómeno como una nueva forma de esclavitud
El tráfico de personas no se combate de forma adecuada en 14 países, cuatro de ellos aliados de EEUU, según un informe del Departamento de Estado publicado, en el que se define este fenómeno como una nueva forma de esclavitud. "Traficar con seres humanos no es nada menos que una forma moderna de esclavitud", dijo la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, al presentar el quinto informe anual en el que se analiza el problema de la trata de personas en un total de 150 naciones. De todas ellas, hay 14 que Estados Unidos incluye en el llamado "nivel 3" porque no hacen los esfuerzos suficientes para atajar el problema y no cumplen los estándares mínimos de la normativa internacional en esta materia. En esa "lista negra" figuran cuatro aliados estadounidenses (Arabia Saudí, Kuwait, Qatar y Emiratos Arabes Unidos), cuatro países latinoamericanos (Bolivia, Cuba, Ecuador y Venezuela), además de Camboya, Jamaica, Togo, Birmania, Corea del Norte y Sudán. En comparación con el informe del año pasado, en el de 2005 se incluyen ocho nuevos países en la "lista negra", entre ellos Bolivia. Los otros siete son Camboya, Jamaica, Kuwait, Qatar, Arabia Saudí, Togo y Emiratos Arabes Unidos. Sin embargo, también hay otras naciones, como Bangladesh, Guinea Ecuatorial, Guayana y Sierra Leona, que han conseguido salir del "nivel 3". John Miller, asesor principal de Rice para este problema, explicó en la misma rueda de prensa que el tráfico de personas afecta a todos los países, incluido EEUU, y subrayó que el informe presentado hoy no tiene como objetivo castigar a nadie, sino estimular a los gobiernos a que tomen medidas cuanto antes. En caso de que no hagan nada para combatir el delito de aquí al próximo octubre, los 14 países incluidos en el "nivel 3" son susceptibles de ser sancionados por Washington con la congelación de ayudas no humanitarias y no comerciales, o la exclusión de programas de intercambio culturales y educativos. El documento incluye un "nivel dos" con los países que no cumplen plenamente los requisitos mínimos, pero sí hacen esfuerzos significativos por lograrlo y, en esta edición, la lista es la más larga, con un total de 77 naciones. El Departamento de Estado ha añadido un anexo, bajo la denominación de "nivel de vigilancia", en el que figuran otros 27 países que también se esfuerzan por cumplir las normas. Por último, está la lista del "nivel 1", en la que se encuentran los países más aplicados en la lucha contra el tráfico de personas, un total de 24 naciones, en su mayoría europeas, aunque también alguna de otros continentes como es el caso de Colombia, el único país latinoamericano incluido en esta categoría. Estos 24 países, entre los que se incluye España, son los únicos que cumplen plenamente con las exigencias mínimas de la Ley para la Protección de las Víctimas del Tráfico de Personas aprobada por el Congreso de EEUU en el año 2000. En términos generales, el informe señala que entre 600.000 y 800.000 personas son víctimas del tráfico ilegal internacional cada año, a las que se añaden "millones más" que son víctimas del mismo tráfico dentro de sus países, según Rice. El 80 por ciento son de sexo femenino y el 50 por ciento menores de edad, muchos de los cuales son incluso forzados a ser soldados, de acuerdo con el informe. Rice hizo hoy hincapié en que la responsabilidad del problema no es sólo de los países en desarrollo, con mayores niveles de corrupción y pobreza, y con una población más vulnerable, sino también de los países de "demanda", como EEUU, en los que se crea un mercado para el tráfico de personas. Sea cual sea la forma de servidumbre que sufran, las víctimas de la trata "viven con miedo y sufrimiento", según la secretaria de Estado, quien hizo un llamamiento a todos los estados para que cooperen en el cierre de las rutas de tráfico, la persecución y condena de los traficantes, y la protección y reintegración social de las víctimas.




