Comunidad de Apartadó reafirma sus denuncias sobre la participación del Ejército en masacre de 8 personas

A través de la Corporación Jurídica Libertad, la comunidad de paz de Apartadó ratificó las denuncias de esta semana, en las que responsabilizó al Ejército Colombiano por la masacre de ocho personas, entre ellas varios niños, cometida en las veredas La Resbalosa y Mulatos -Serranía de Abibe-, entre Antioquia y Córdoba.
El asesor jurídico de esa comunidad de paz, Elkin Ramírez, integrante del colectivo de juristas, explicó a Caracol Radio que las informaciones recogidas en el área de la matanza permiten tener evidencias claras de la participación de los uniformados en esos hechos, y la comisión de otros delitos e irregularidades, como el secuestro de familias enteras en sus viviendas, y la manipulación de las pruebas e informaciones judiciales requeridas por la Fiscalía.
"Hemos podido reunir testimonios suficientes que dan cuenta de la responsabilidad que tienen integrantes de la Brigada 17, en los crímenes que se cometieron la semana pasada en las veredas La Resbalosa y Mulatos, en las que murieron ocho personas, entre ellas tres niños", explicó el jurista Ramírez.
Dijo que "lograron además evidenciar otros hechos muy delicados, uno de ellos es el secuestro de tres familias a manos de integrantes del Batallón de Contraguerrilla Número 33, adscrito a la Brigada 17, familias que fueron retenidas en sus casas desde el lunes 21 de febrero y a quienes no les permitieron salir ni siquiera a recoger comida".
"Sólo los dejaron salir cuando la comisión que se había desplazado hasta el lugar llegó al sitio, prácticamente a rescatarlos. Estas personas fueron amenazadas durante toda la semana de que iban a ser asesinadas, e incluso al frente de sus casas había sido cavadas dos fosas en las que, tememos, iban a ser enterradas después de ser asesinadas", aseveró el abogado Ramírez.
En la relación con las familias desaparecidas, afirmó que pertenecen a las veredas La Esperanza y Las Nieves, y hasta el momento no se sabe que pudo haber pasado con ellas, aunque han "recolectado información según las cual algunos de ellos fueron asesinados por integrantes de la Brigada 17.
Denunció que otras familias cercanas al sitio La Resbalosa, a unas diez horas de camino, desde San José de Apartadó, también pidieron que fue eran rescatadas, pero a la comisión integrada, entre otros, por abogados de la Corporación Jurídica Libertad, le fue físicamente imposible llegar hasta el lugar.
Según el jurista, los miembros del ejército, además, manipularon las pruebas judiciales durante las diligencias que adelantaron los fiscales instructores luego de la aparición de los cadáveres.
"El día sábado, mientras estábamos cuidando los cadáveres, cuando arribó el ejército para acordonar la zona, al operativo de seguridad que permitiera el ingreso del Cuerpo Técnico de la Fiscalía, 'hubo manipulación de la evidencia por parte de integrantes del Batallón 33 de contraguerrilla'; eso lo pudimos comprobar, pues un soldado cogió uno de los machetes ensangrentados, que estaba cerca de donde fueron asesinadas las personas, lo llevó hasta el río, lo lavó, lo estregó en la arena y luego delante de toda la comunidad, dijo este es el machete degollador", declaró a Caracol Radio el asesor jurídico.
En relación con las declaraciones del ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, el abogado Ramírez dijo: "no entiendo por qué están asumiendo esa actitud cuando las evidencias al menos para nosotros y para la comunidad son muy claras: fue el Ejército el que masacró las ocho personas, y eso lo hemos logrado constatar con los testimonios de la comunidad.
La Corporación Jurídica Libertad denunció que desde la creación de la comunidad de paz en San José de Apartadó se han cometido allí 370 crímenes de lesa humanidad.
La organización no gubernamental que presta asesoría jurídica a esas comunidades en el corregimiento San José, ratificó que muchas de esos delitos han sido cometidos por miembros de la fuerza pública asentada en el área y no existen ningún resultados concreto sobre las investigaciones judiciales emprendidas.
Añadió que la comunidad dejó de instaurar las respectivas denuncias debido a que las investigaciones no han conducido a ningún resultado concreto, y además porque en el pasado de esas denuncias se han derivado nuevas amenazas, desapariciones y asesinatos.