Más de $7,4 billones perdieron los desplazados por violencia en Colombia

De insuficiente, injusta, desequilibrada, descoordinada y poco efectiva, calificó la Contraloría General de la República la política del gobierno para atender a la población desplazada por la violencia en el país.
Dijo que se está quedando en las buenas intenciones y que paradójicamente los reinsertados, en el pasado los victimarios, reciben más beneficios del Estado que quienes fueron sus víctimas.
Las duras observaciones de la Contraloría están contenidas en el informe "La Política Pública sobre el Desplazamiento Forzado en Colombia" dado a conocer este jueves..
En el documento, el organismo reveló preocupantes y dramáticas cifras sobre las miles de hectáreas pérdidas por quienes debieron abandonar sus propiedades para salvar la vida y los varios billones de pesos que han dejado de percibir las familias que se han visto forzadas a dejar sus lugares de origen por la acción de los grupos armados ilegales que operan en Colombia.
El estudio de la Contraloría calcula en un millón 400 mil personas el número de colombianos que desde hace cuatro años mantiene la condición de desplazados por la violencia y señala que la atención del Estado escasamente está llegando al 30 por ciento de la población afectada con un aporte de apenas el 39,2 por ciento del total de los recursos que reciben los beneficiados.
Revela que en el periodo 2000 al 2003 una familia desplazada recibió una ayuda promedio del gobierno por cinco millones 500 mil pesos el equivalente al 42 por ciento de lo que requiere para la atención integral cuyo costo estimado es de tres millones 270 mil pesos por año.
Contrasta y preocupa esa situación, según el mismo informe, con los recursos dirigidos a desmovilizar y reinsertar a los miembros de los grupos armados ilegales. La familia de un reinsertado se favoreció, en el mismo periodo, con con 19 millones 500 mil pesos.
La Contraloría calculó en un millón 63 mil hectáreas, la cantidad de tierras abandonadas por los desplazados cuyo costo, por el abandono de la posesión, estimó en dos billones 340 mil millones de pesos.
En lo que tiene que ver con los ingresos que dejó de percibir la población que abandonó sus propiedades; el informe planteó varios escenarios según los cuales las pérdidas por este concepto estarían variando, en los últimos cuatro años, entre los dos billones 100 mil a los cinco billones 250 mil millones de pesos.
Revela el estudio que entre el 2000 al 2003, las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada invirtieron aproximadamente 436 mil millones de pesos en la ejecución de diferentes programas a su cargo mientras que en ayudas internacionales se destinaron 676 mil millones de pesos.
El estudio enumera lo que considera algunas de las más importantes debilidades institucionales en las atención de los desplazados como es la limitación de recursos para atender a la población , la ausencia de indicadores que permitan hacer seguimiento y evaluación de los resultados y alcances obtenidos, dificultades en la evaluación del impacto real de los programas de atención a los y falta de coordinación en las acciones.