Facultan al Presidente para negociar hasta con autodefensas

BOGOTA.--.El Presidente de la República Alvaro Uribe Vélez, recibió facultades por parte del congreso , para que si lo desea, busque una salida negociada al conflicto armado que vive el país en los últimos años.
Al prorrogar por 4 años más la ley de orden público, con algunas modificaciones y adiciones, se abre jurídicamente la puerta para que el Gobierno inicie acercamientos de paz, incluso con grupos paramilitares.
La iniciativa gubernamental que fue aprobada en los respectivos debates retira el reconocimiento de estatus político a grupos irregulares como requisito para iniciar diálogos de paz.
El Gobierno nacional podrá desmilitarizar zonas en el territorio nacional para adelantar procesos de reconciliación con los grupos irregulares.
También podrá conceder indultos por delitos políticos a desmovilizados que se acojan a un proceso de paz .
Se crean las normas jurídicas para la atención de desplazados y atención de víctimas del conflicto.
El proyecto fue presentado por el Ejecutivo en septiembre de 2002 y se debatió inicialmente en las comisiones primeras conjuntas del Senado de la República y la Cámara de Representantes, que le introdujeron modificaciones aceptadas por el Gobierno.
Durante el segundo debate en la Cámara actuaron como ponentes del proyecto los representantes Iván Díaz Mateus, Joaquín José Vives y Luis Fernando Velasco, quienes consideraron que la iniciativa del Gobierno busca crear una nueva regulación que, de manera más audaz, otorgue soluciones jurídicas que pongan fin o al menos disminuyan la intensidad del conflicto armado.
La Comisión de Ponentes consideró en su informe que la modificación más importante solicitada por el Gobierno frente a la Ley 418, es la eliminación del requisito previo del reconocimiento de carácter político a los grupos armados organizados al margen de la ley, para propiciar salidas negociadas al conflicto.
En el curso del debate en plenaria se introdujeron algunas modificaciones al texto, que ayer miércoles fue aprobado por el Senado. Aunque dichos cambios no alteran el sentido del proyecto, las cámaras legislativas deben designar comisiones de conciliación para unificar su contenido, lo que muy seguramente se presentará en las plenarias de mañana viernes.
El proyecto aprobado contiene una serie de instrumentos para la búsqueda de la convivencia, entre ellos los siguientes: disposiciones para facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos con grupos armados organizados al margen de la ley, normas para proteger a los menores de edad contra los efectos del conflicto armado, atención a las víctimas de hechos violentos que se susciten en el marco del conflicto interno armado y asistencia a estas personas en materia de salud, vivienda, crédito y educación.
Igualmente señala las causales de extinción de la acción penal por delitos políticos, regula la protección de los testigos en el proceso penal, consigna disposiciones en matera de radiocomunicaciones, establece sanciones por el incumplimiento de las órdenes presidenciales en materia de orden público y crea un sistema de financiamiento a través del Fondo de Seguridad y Convivencia, administrado por el Ministerio del Interior.
La Ley de Orden Público vigente expira el próximo 23 de diciembre. En el texto aprobado hoy en último debate se destacan, entre otras, las siguientes modificaciones:
· La expresión “organizaciones armadas al margen de la ley´ contemplada en la Ley 418 fue cambiada por “grupo armado organizado al margen de la ley”. El cambio se debe a que expresiones del crimen organizado (carteles de la droga, esmeralderos, contrabandistas), no son actores en el conflicto armado.
· Se elimina el requisito de la manifestación previa del Consejo Nacional de Paz para que los representantes autorizados por el Gobierno puedan promover acercamientos, diálogos, negociaciones y acuerdos con los actores del conflicto armado, que no son sólo los movimientos guerrilleros.