Condenan a cadena perpetua a hombre contrató sicarios colombianos

Miami (EEUU).--- Una juez estadounidense condenó a cadena perpetua a Eduardo Lezcano por contratar a sicarios colombianos para matar entre 1989 y 1993 a varios testigos de un juicio contra dos supuestos narcotraficantes.
La magistrada Joan Lenard dictó la sentencia en un tribunal de Miami (Florida) contra Lezcano, quien es cuñado del presunto traficante de cocaína Salvador Magluta.
Lezcano fue declarado culpable en noviembre pasado de reclutar, pagar y suministrar las armas a los sicarios para que asesinaran a al abogado Juan Acosta; a Luis Escobedo, un vendedor de drogas y a Bernardo González, quienes testificarían contra Magluta y Augusto Falcón, otro presunto traficante de drogas.
Jairo Castro y Yuby Ramírez, otras dos personas halladas culpables de participar en el mismo delito, pero que no estaban presentes en la escena del crimen, fueron condenados a la misma pena.
Christian Aguirre y Luis Moncado, también acusados en el caso, llegaron a un acuerdo con la Fiscalía Fiscal y el primero sólo fue sentenciado a 15 años y se sumó al programa de protección de testigos junto con su familia.
A Moncado lo condenaron a 10 años de prisión y Griseldino Carvajal, presuntamente la conexión colombiana con los sicarios, se encuentra prófugo.
La Fiscalía, que había solicitado cadena perpetua para Lezcano, Castro y Ramírez, informó el año pasado de que las víctimas eran testigos "de importancia fundamental" que pudieron suministrar información contra la red de tráfico de drogas que presuntamente dirigían Magluta y Falcon.
Magluta y Falcon, acusados de traficar con unos 100.000 kilos de cocaína, cantidad con la que esperaban obtener unas ganancias próximas a los 2.000 millones de dólares, fueron absueltos de los cargos en 1996 después de un juicio que duró cuatro meses.
Los miembros del jurado declararon inocentes de todos los cargos a los acusados, veredicto que causó sorpresa y desilusión entre los agentes federales y policiales que argumentaban que existían suficientes pruebas contra Magluta y Falcón.
Tras el dictamen, el FBI comenzó a sospechar que se había "comprado" a uno de los miembros del jurado, basándose en los datos suministrados por un confidente, quien dijo que la persona alardeaba de la compra de objetos costosos.
En 1998, Miguel Moya, presidente del jurado que los absolvió, en "uno de los casos más graves de drogas en la historia" de Miami, fue acusado de aceptar medio millón de dólares como parte de un presunto complot para obstruir la justicia y manipular a los testigos.
Magluta y Falcón afrontan un nuevo juicio, previsto para este año, por cargos de lavado de dinero y por manipulación de un jurado, entre otros.