Colombia no cumple condiciones para ayuda militar de EEUU

WASHINGTON.---El gobierno de Colombia no cumple las condiciones que puso la ley de ayuda militar estadounidense, afirmaron hoy varios grupos de derechos humanos mientras el Gobierno de George W. Bush busca un aumento de esa colaboración.
"Colombia es un caso crucial para el respeto de los derechos humanos en la guerra contra el terrorismo", dijo Coletta Youngers, de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA por su sigla en inglés).
WOLA, Amnistía Internacional y Human Rights Watch divulgaron hoy un informe sobre la forma en que Colombia cumple con las condiciones estipuladas por la ley estadounidense para la ayuda militar de EEUU al país sudamericano.
"Colombia no cumple con esas condiciones", dijo José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch.
En su plan de presupuesto para el período fiscal 2003, presentado ayer, el presidente George W. Bush incluye un incremento de la asistencia a las fuerzas de seguridad colombianas mientras el Pentágono estudia la instrucción de una segunda brigada para la lucha contra el terrorismo y las drogas en Colombia.
El plan de Bush incluye la asignación de 98 millones de dólares para que el Ejército colombiano proteja el oleoducto Caño Limón, de 160 kilómetros de largo, saboteado 166 veces por las guerrillas colombianas.
El senador Patrick Leahy, demócrata de Vermont que encabezó la imposición de condiciones a la ayuda militar de EEUU a Colombia, opinó que "esta propuesta, por primera vez, cruza la línea de la lucha contra las drogas y llega a la lucha contra las guerrillas".
"Ya no se trata de parar el contrabando de drogas, se trata de combatir a los guerrilleros", añadió.
El informe de los grupos de derechos humanos sostiene que "el gobierno colombiano no ha suspendido a los miembros de las Fuerzas Armadas acusados, con fundamentos, por la comisión de violaciones de los derechos humanos o que han ayudado a los grupos paramilitares".
En su lista de organizaciones calificadas oficialmente como terroristas, el Departamento de Estado sumó en septiembre pasado las bandas paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia a las ya existentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Alex Arriaga, de AI, dijo que "el año pasado las FARC y el ELNfueron responsables de actos de violencia, secuestros y asesinatos, pero las fuerzas paramilitares fueron responsables de aproximadamente el 84 por ciento de las muertes de no combatientes, y las desapariciones".
Según el informe "las Fuerzas Armadas colombianas, y en particular el Ejército y la Marina de Guerra, siguen organizando, coordinando actividades, compartiendo información, apoyando y tolerando a los grupos paramilitares".
El informe citó a seis generales, un coronel en servicio y otros siete generales retirados como individuos involucrados en violaciones de derechos humanos. Estos militares, indican, mantienen sus cargos, han sido promovidos, o no han sido juzgados.
Los oficiales en servicio que menciona el informe son Vicerrector del Colegio de Guerra, general Rodrigo Quiñones, el director de operaciones del Ejército, general Carlos Ospina Ovalle; y el jefe de la Segunda Brigada en Barranquilla, general Gabriel Díaz.
También fueron señalados como cómplices de los terroristas de las AUC el comandante de al II División, general Fredi Padilla León; el director de Personal del Ejército, coronel Gustavo Sánchez Gutiérrez; El comandante de la Tercera División de Ejército, general Rafael Ruiz, y el comandante de la Quinta Brigada con sede en Bucaramanga, general Martín Carreño Sandoval.
Arriaga recordó que hace pocos días el gobierno de EEUU lanzó una campaña, que incluyó la publicación de anuncios a toda página en diarios de todo el país, en la cual se afirma que "en la guerra contra el terrorismo, quienes consumen drogas asesinan a una familia en Colombia".
"Estamos aquí para decir que quienes apoyan a los paramilitares ayudan a matar una familia en Colombia, y quien condena los abusos de los militares colombianos, matan a una familia en Colombia", agregó.
De acuerdo con la ley que gobierna la ayuda a Colombia, el Departamento de Estado debe verificar en febrero el cumplimiento de las condiciones para que se entregue el 60 por ciento de los fondos asignados, y en junio debe verificar nuevamente ese cumplimiento para que se entregue el resto del dinero.