Human Rights Watch denuncia el aumento de abusos de las Farc

NUEVA YORK.--- La organización Human Rights Watch pidió al comandante del grupo rebelde de las FARC-EP, Manuel Marulanda, alias "Tirofijo", que actúe de inmediato para revertir el cada vez peor récord de abusos contra civiles.
La demanda fue realizada a través de una carta de treinta y dos páginas al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo.
Human Rights responsabiliza al grupo guerrillero de haber realizado serios abusos, entre ellos la matanza de civiles, los procesamientos injustos, la captura de rehenes, el uso de niños soldados, así como haber cometido tratos inhumanos y crueles a los combatientes capturados y haber forzado el desplazamiento de civiles.
"Las FARC-EP tiene un increíble récord de abusos y Manuel Marulanda, como comandante en jefe, tiene que responsabilizarse y dar los pasos necesarios para adoptar y acatar las normas legales internacionales", manifestó José Miguel Vivanco, director de la división en América de Human Rights Watch.
Asimismo, la organización defensora de los derechos humanos también denuncia que las FARC-EP continúan usando armas prohibidas como las bombas de gas butano, así como los ataques contra profesionales médicos y otras instalaciones sin considerar la ley humanitaria internacional.
Creadas en 1964, las FARC-EP es el grupo rebelde mayor y más antiguo en Colombia, con más de 15.000 miembros, y Marulanda es uno de sus fundadores.
Human Rights Watch realizó una misión en la zona en mayo y junio del 2000 y tuvo distintas reuniones con altos comandantes del grupo rebelde para presionarlos para que apliquen las leyes humanitarias internacionales, ante alegaciones de ejecuciones extrajudiciales.
El pasado año, los grupos de derechos humanos denunciaron que las FARC-EP mató a 496 civiles en Colombia, a los que acusaban de ser paramilitares y simpatizantes del gobierno.
Cerca de 90.000 habitantes viven en la zona de la guerrilla y el gobierno colombiano no los consultó antes de ceder el territorio a los rebeldes, y por lo tanto no tienen mecanismos para proteger sus derechos, una vez se retiraron las tropas policiales y militares, así como también los jueces y fiscales.
En febrero pasado, el presidente colombiano, Andrés Pastrana, prorrogó el control de las FARC-EP en la zona por ocho meses.
Ante la falta de protección de los civiles de la zona, la organización Human Rights Watch también pide que el gobierno y el grupo rebelde se pongan de acuerdo para establecer los mecanismos de protección necesarios para los residentes en el área.
Human Rights manifestó su satisfacción por la liberación de miembros de la policía y los militares que el grupo guerrillero había capturado, aunque algunos denunciaron tratos abusivos.