Funcionarios se benefician de bienes incautados a narcotraficantes

SANTO DOMINGO.--- Miembros del Gabinete del Gobierno dominicano, incluidos el jefe de la Guardia Presidencial, y un sacerdote católico, entre otros, figuran en una extensa lista de beneficiarios de residencias y vehículos de lujo incautados a presuntos narcotraficantes, según revela hoy la prensa local.
La revelación de los nombres que integran esa lista inició un escándalo por presuntas irregularidades, admitidas por el presidente Hipólito Mejía porque eso "lo hacían antes", durante los pasados gobiernos de Joaquín Balaguer (1986-96) y Leonel Fernández (1996-2000).
"Yo di instrucciones de que hicieran lo mismo que hacían antes, en épocas de Balaguer y Leonel Fernández. Yo dije que se siga haciendo", afirmó Mejía.
Según un informe "confidencial", divulgado por el periódico Hoy, vehículos de lujo, mansiones y camiones propiedad de presuntos traficantes de droga están en poder de cercanos colaboradores de Mejía, de varios generales del Ejército, dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD, socialdemócrata), en el Gobierno y un sacerdote católico, entre otros.
De acuerdo con la fuente, el secretario (ministro) Administrativo de la Presidencia, Pedro Franco Badía; el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Guido Gómez Mazara; el jefe de la Guardia Presidencial, Jorge Zorrilla Ozuna; y el general Trajano Moreta Cuevas, director de Aeronáutica Civil, forman parte de los beneficiarios de los bienes de los traficantes de drogas.
Gómez Mazara y Franco Badía negaron hoy que usen propiedades de narcotraficantes, como aseguran las fuentes, que citan un informe de la Procuraduría General de la República, que inició las investigaciones.
Por su parte, el Consejo Nacional de Drogas (CND), que custodia los bienes y las fortunas incautadas a narcotraficantes, admitió que hace algunas asignaciones de esas propiedades "para evitar que se deterioren".
Según un portavoz de la CND, citado por medios locales, elorganismo se ampara en un reglamento interno para "asignar" a personas e instituciones los bienes "que se utilicen en la comisión de delitos" relacionados con el tráfico de drogas.
Sin embargo, Jesús Feliz, director del Departamento de Prevención de la Corrupción, denunció que los funcionarios del CND "abusan de su autoridad, extrapolando su autoridad en contra de ciudadanos que, aunque sean o no involucrados en casos de droga, deben respetársele sus derechos".
Feliz dijo que "esas personas utilizan carros (coches), prendas y otros bienes, sin que exista una decisión de un tribunal para que el Estado lo apropie y, en consecuencia, disponga qué hacer con ellos, ya sea venderlos, donarlos o apropiarlos para uso oficial".
Agregó que, tras la absolución de algunos sospechosos de traficar con drogas, sus bienes "no aparecen y (los funcionarios) les ponen todos los obstáculos habidos y por haber para no devolverles esos bienes, independientemente de que esos bienes vayan acompañados de una instancia motivada para que los devuelvan" a sus dueños.
La Administración desarrolla una campaña anticorrupción desde que el presidente Hipólito Mejía asumió la Presidencia, el pasado 16 de agosto.
Mejía ha anunciado que no admitiría la corrupción "ajena ni la mía", tras realizar una campaña electoral durante la que insistió en denunciar la corrupción de sus antecesores.