Defensores de DDHH son vistos aun como amenaza para poderes establecidos

MEXICO.--- Los defensores de derechos humanos son vistos todavía como una amenaza para el poder establecido en la mayoría de los países de América Latina, coincidieron activistas de la región durante un encuentro internacional en la capital mexicana.
Según las primeras conclusiones de la Consulta Latinoamericana de Defensores de Derechos Humanos, que se inauguró ayer en Ciudad de México, el respeto a los derechos humanos sigue siendo una de las principales asignaturas pendientes en la región.
Los asistentes al encuentro, que fue inaugurado por la Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para Defensores de DDHH, Hina Jilani, coincidieron en que, en la mayoría de los casos, los gobiernos hacen la "vista gorda" ante las amenazas y riesgos que corren los activistas al realizar su trabajo.
Los defensores exhortaron a las autoridades de la región a que apliquen medidas efectivas que garanticen su protección.
En el encuentro participan una treintena de defensores de derechos humanos de Argentina, México, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, junto con representantes de organizaciones civiles de Europa, Estados Unidos y Canadá.
Según Jilani, la situación que afrontan los defensores de derechos humanos en América Latina es "muy grave".
La enviada de la ONU aseguró durante su intervención que no se puede avanzar en la democracia política y social si no se promueven los derechos humanos en todos los países y advirtió de que urgen acciones para garantizar la seguridad de los organismos y activistas de la región.
Jilani convocó a los gobiernos y las instituciones públicas a trabajar más intensamente para crear condiciones que permitan que las ONG ejerzan sus labores.
Explicó que las denominadas "comisiones de la verdad", cuya creación se ha propuesto en varios países de América Latina para investigar las violaciones a los derechos humanos de anteriores gobiernos, deben garantizar un examen cuidadoso de los hechos para impedir la impunidad.
En este sentido, Enriqueta Maroni, representante de las Madres de Mayo de Argentina, destacó que la impunidad, "producto del proceso histórico de autoritarismo y la ausencia de políticas públicas en derechos humanos", es uno de los problemas más graves que afronta su país.
"Esta impunidad conlleva a las mayores injusticias para la sociedad argentina y favorece las amenazas y persecuciones de los defensores de derechos humanos", aseguró.
"Pasados 25 años del golpe militar de 1976, el modo en que el Estado ha resuelto tratar con su pasado no cumple con aquello a lo que está obligado ni satisface los reclamos de las víctimas", agregó.
Por su parte, el disidente cubano Elizardo Sánchez denunció las peligrosas y precarias condiciones en las que trabajan los defensores de los derechos humanos en su país y lamentó tener que ejercer su labor de forma "semiclandestina".
El representante de la Comisión de DDHH y Reconciliación Nacional de Cuba aseguró que, pese a que en la isla caribeña existe una Ley de Asociaciones, "el gobierno impide de manera ilegal y arbitraria que las ONG independientes tengan reconocimiento jurídico".
Según Sánchez, los derechos civiles, políticos y económicos se transgreden "de manera sistemática e institucionalizada" en Cuba, "al igual de lo que ocurrió en Europa Central y Oriental antes del derribo del Muro de Berlín".
Los activistas colombianos aprovecharon su intervención en el encuentro para expresar su preocupación ante la creciente militarización de su país.
Según Norma Enríquez, representante de la Casa de la Mujer de Colombia, la eventual aprobación por el Congreso de un proyecto de ley de seguridad que prevé un aumento sustancial de las facultades de las Fuerzas Militares "podría provocar un agravamiento de las violaciones de derechos humanos y una estigmatización aún mayor de la labor de control que ejercen las ONG".
Enríquez expresó también el temor de los activistas ante el "efecto negativo que pueda ejercer la ejecución del Plan Colombia sobre la situación de riesgo de defensores y líderes sociales en las zonas de aplicación de las medidas de erradicación forzosa" de los cultivos de drogas.