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Más de 100 contralorías regionales han sido clausuradas

Ciento trece contralorías departamentales y municipales han sido cerradas hasta la fecha como resultado de la aplicación de la Ley 617 del 2000 que ordena el recorte presupuestal de esas dependencias y se espera la muerte de por lo menos 67 más.

Por Felipe Gómez Maldonado
BOGOTÁ.--- Ciento trece contralorías departamentales y municipales han sido cerradas hasta la fecha como resultado de la aplicación de la Ley 617 del 2000 que ordena el recorte presupuestal de esas dependencias y se espera la muerte de por lo menos 67 más.
Así lo afirmó el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Contraloría General, Carlos Saavedra Zafra, quien además aseguró que este golpe al control fiscal lo que permite es la libre actuación de los corruptos.
"En el término de uno a dos años las contralorías de los departamentos y los municipios no van a contar con los recursos necesarios para aplicar el deber constitucional de velar por el manejo de los dineros del estado", dijo Saavedra zafra.
Recordó que la ley 617 establece que los departamentos que no puedan garantizar un mínimo porcentaje de los gastos de funcionamiento de esas dependencias, deben suprimirlas. La norma establece que únicamente podrán existir Contralorías del nivel distrital y de municipios de primera y segunda categoría. Las que operaban en las poblaciones de tercera, cuarta, quinta y sexta, fueron liquidadas.

El presidente de ASCONTROL anotó que no escapa el impacto de la ley en la propia Contraloría General, porque ha llevado a que en sólo el año 2001 se haya recortado el 40 por ciento de los gastos de funcionamiento. "Estas decisiones del Gobierno y el Congreso han provocado que los organismos de control se paralicen arrastrando consigo la lucha anticorrupción", observó.
La Junta Directiva de la Asociación de Trabajadores de la Contraloría General convocó para el 18 de abril del presente año una Jornada Nacional de Protesta en contra de las implicaciones de la Ley 617 del 2000, respecto a lo que que compete a las contralorías y la búsqueda de los recursos para un Seguro de Vida y el pago de los 2 mil 600 millones que se adeuda a los empleados a raíz de la sentencia de la Corte Constitucional que ordenó la nivelación salarial.

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