Detención de Ballestas alivia tensión colombo-venezolana, dicen en Caracas

CARACAS.--- La decisión de un juez venezolano de detener y enjuiciar al pirata aéreo colombiano José Ballestas, de quien Colombia solicitó su extradición, ha encauzado un caso que suscitó una polémica entre ambos países.
Ballestas está acusado en Venezuela de ocultarse bajo identidad y documentos falsos, y en Colombia de dirigir el secuestro de un "Fokker" de la aerolínea "Avianca" con 47 ocupantes, el 12 de abril de 1999 como miembro del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El Fiscal General venezolano, Isaías Rodríguez, precisó que si Ballestas es declarado culpable en Venezuela deberá, primero, cumplir esa condena y luego podrá ser extraditado a Colombia si esa fuese la respuesta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a la solicitud de Bogotá.
El juez Cabrera consideró que Ballestas es un hombre de "alta peligrosidad" por lo que ordenó que permanezca bajo detención preventiva en dependencias de la policía de seguridad del Estado (DISIP) hasta que se celebre el juicio.
Cabrera indicó que decidió privar de libertad a Ballestas porque existe un peligro real de fuga y porque los delitos de "secuestro extorsivo y terrorismo", de los que está acusado en Colombia, "revisten trascendencia internacional".
El magistrado se mostró convencido de que el guerrillero colombiano "no desea someterse a la justicia, sea cual fuere la pena que se le podría imponer", que el caso de falsificación de documentos y de identificación oscila entre 15 meses y cinco años de prisión.
La Fiscalía tiene 20 días para presentar ante el tribunal penal las pruebas que supuestamente lo involucran en los cargos que se le imputan en Venezuela y que en opinión de expertos en derecho son "contundentes".
Precisamente por ello, la incógnita abierta ahora no se centra en saber si Ballestas será condenado por los tribunales venezolanos sino en conocer la pena que se le impondrá, lo que retrasará su posible extradición.
Ballestas, que se ocultaba en Caracas, fue capturado el 13 de febrero por la policía venezolana, con la colaboración de agentes colombianos, y liberado cuando estaba a punto de ser embarcado, como deportado, en un avión con destino a Bogotá.
La operación fue frustrada gracias a las gestiones realizadas por la organización de defensa de los derechos humanos "Provea" ante varios funcionarios de alto nivel del Gobierno, aunque todavía no se sabe quién dio la orden de paralizar la entrega del presunto guerrillero.
Tanto "Provea" como los portavoces oficiales argumentaron que en el proceso no se respetó la legislación vigente por lo que la deportación, sin conocimiento de la Fiscalía ni del Gobierno, hubiera supuesto una clara violación de los derechos de Ballestas.
El "caso Ballestas" dio lugar a un confuso y polémico cruce de declaraciones entre funcionarios de Colombia y Venezuela que culminó cuando desde Bogotá se encauzó por la vía legal y se solicitó la extradición de Ballestas.
La petición de extradición será tramitada por la Cancillería venezolana, pero la decisión final corresponderá al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), que deberá evaluar el expediente elaborado por la Fiscalía colombiana.
No está claro si una decisión del TSJ favorable a la extradición impediría que Ballestas fuese beneficiado con la concesión del asilo político que, según la Fiscalía, se proponía solicitar.
También se espera que las autoridades precisen si la hipotética concesión a Ballestas de la condición de "refugiado político" cerraría el caso y le permitiría al TSJ no pronunciarse sobre la petición colombiana de extradición.
En medios legislativos se indicó que, en todo caso, la decisión del juez Cabrera de considerar altamente peligroso a Ballestas y de reconocer que está acusado de cometer delitos de relevancia internacional limita drásticamente las posibilidades de que pueda ser reconocido como un "refugiado político".