Superservicios dice que es inocente y el Contralor duda de su actuación

BOGOTA .-- En un fuerte contrapunteo continuó hoy la discusión entre el Superintendente de Servicios Públicos y el Contralor General sobre la forma como la Nación ha enfrentado la multitud de demandas por los oscuros procesos de privatización del sistema eléctrico de la Costa Atlántica y Arauca.
Mientras el contralor, Carlos Ossa Escobar afirmó en Caracol que la forma como trabajó el Superintendente Ramírez Yañez deja mucho que desear, el encargado de enfrentar las demandas dijo que es ajeno a la situación irregular que se presentó con esas contrataciones.
El señor Enrique Ramírez Yañez , quien renunció ayer ante el Presidente de la República, expresó en 6 AM de Caracol que su trabajo ha sido transparente y muy difícil, porque desde que llegó lo único que ha hecho es tratar de defender los intereses de la Nación ante una multiplicidad de demandas y que esta involucrado por el simple hecho de ser amigo del abogado.
Al respeto el contralor aseguró que el Abogado Zuluaga, se permitió que ganara millonarios honorarios con la defensa de los dos procesos y que la propia Fiscalía tiene un proceso por sus dudosas actuaciones en la defensa del caso de Electranta y Termorío.
Sobre el particular el Superintendente sostuvo que no puede defender la actuación del jurista, pero que el sabe , pese a que no lo contrató , que los honorarios del abogado Zuluaga no son exorbitantes y que por el contrario son inferiores a las tarifas que fija el Colegio Nacional de Abogados.
Sobre la renuncia de algunos funcionarios de su despacho involucrados directamente en el proceso de liquidación de esas electrificadoras, manifestó que lo único que podía hacer era aceptar esas dimisiones ya que todos estaban suspendidos por la propia contraloría y dijo que espera los cargos en su contra porque hasta el momento no hay absolutamente ninguna investigación en su contra, confirmación que hizo el propio Contralor Ossa Escobar.
El señor Ramírez además dijo que los activos de bines muebles e inmuebles que les quedaron a esas compañías después de su privatización están intactos y que ellos se puede constatar y que no hay pruebas de que se hayan perdido 20 mil millones de pesos, cuando esa cifra nunca se manejo.