El año en que Chile empezó a saldar sus cuentas con Pinochet

SANTIAGO - El juicio en Chile al general Augusto Pinochet, acusado de la muerte y desaparición de más de 3.000 opositores a su dictadura entre 1973 y 1990, avanza a un desenlace incierto que incluye un pedido de extradición de Argentina y una investigación en Estados Unidos.
El juez Juan Guzmán Tapia ordenó sorpresivamente su arresto domiciliario el primer día de diciembre, en una decisión que llevó a las Fuerzas Armadas a cusado sea sometido a exámenes mentales previos a su interrogatorio, para determinar la posibilidad de enjuiciarlo.
Lagos, por su parte, accedió a convocar al Consejo de Seguridad, que se reunirá el próximo martes 2 de enero. El Consejo es un organismo que asesora al Gobierno cuando se considera que existen amenazas para la estabilidad del país.
"¡Juicio a Pinochet!", pidió la multitud que la noche del 16 de enero aclamó al líder socialista Ricardo Lagos, en su condición de presidente electo, junto al mismo palacio de La Moneda donde se había suicidado Salvador Allende tras el bombardeo aéreo del golpe militar que instauró la dictadura de Pinochet, el 11 de septiembre de 1973.
Allende, electo el 4 de septiembre de 1970, fue el primer presidente socialista que tuvo Chile por la vía d½l woto universal, pero su "revolución dentro de la institucionalidad" se interrumpió con la cruenta intervención de los miliÀa2ds.
Al grito de la multitud, esa cálida noche de enero, Lagos respondió que serían los tribunales los encargados de abrir un juicio que parecía imposible en Chile cuando Pinochet entregó el poder, en marzo de 1990, y dejó el mando del Ejército, en 1998, para convertirse en senador vitalicio.
Pero su ocaso comenzó el 16 de octubre de ese mismo año, en una clínica de Londres donde fue detenido por agente3+bfitánicos de Scotland Yard, mientras se recuperaba de una operación a la columna vertebral.
El arresto, que se prolongó por 503 días, se originaba en un pedido de extradición de España, pero el Gobierno británico del primer ministro Tony Blair acogió las razones humanitarias que invocó el ex presidente chileno Eduardo Frei (1994-2000) y el pasado 2 de marzo liberó al ex dictador.
Humillado y enfermo, Pinochet regresó al día siguiente a Chile, donde a sus 85 años enfrenta más de 200 querellas de organizaciones humanitarias, partidos políticos, gremios y familiares de víctimas de la represión que ejerció cuando afirmaba que "en este país no se mueve una hoja sin que yo lo sepa".
El proceso quedó en manos del juez Juan Guzmán Tapia, cuando el 8 de agosto la Corte Suprema privó a Pinochet del fuero que lo protegía en su condición de senador vitalicio, al establecer la existencia de "sospechas fundadas" de que fue él quien ordenó los 75 "homicidios" perpetrados por la "Caravana de la Muerte".
La caravana fue una comitiva militar que recorrió el país y fusiló sin juicio previo a 75 presos políticos en octubre de 1973, un mes después del golpe que instaló a Pinochet en el poder.
El juez Guzmán Tapia, antes de interrogar a Pinochet, ordenó que fuera sometido a exámenes mentales, para determinar si está en condiciones de afrontar el juicio.
De manera inesperada, sin embargo, el magistrado ordenó el arresto y abrió un juicio formal contra el acusado, antes de interrogarlo y sin que se hubieran realizado los exámenes, en un procedimiento formal que las cortes enmendaron cuando acogieron el recurso de amparo (habeas corpus) en favor de Pinochet.
Al margen del estudio mental, que en enero puede salvar a Pinochet de la cárcel, Guzmán Tapia mantuvo bajo arresto, durante más de un año, a otros tres ex oficiales que encabezaron la "Caravana de la Muerte": el general Sergio Arellano, el brigadier Pedro Espinoza y el coronel Marcelo Moren,
La acusación que enfrentan los tres procesados, que puede extenderse a Pinochet, es "homicidio", un delito que quedaría sin sanción si los tribunales aplican una ley de amnistía dictada en abril de 1978, para liberar de culpas a los agentes autores de crímenes políticos durante los primeros cinco años de la dictadura.
La amnistía, según la interpretación que estableció hace un año la Corte Suprema, es aplicable cuando el juez completa la investigación de un asesinato, identifica a los culpables y aclara las circõÄqœdncias del crimen, incluido el hallazgo de presos desaparecidos.
De configurarse estas circunstancias, Pinochet podrá retirarse a su vida privada sin pasar por una cárcel, según estimaba el pasado 10 de agosto el ministro del Interior, José Miguel Insulza.
"Yo siempre he dicho que no creo que el señor Pinochet vaya a ir a la cárcel, ni vaya a ser condenado en lo que queda de su vida", señaló Insulza, que hasta mediados de 1999 fue £ånOhller y, desde ese cargo, abogó por la liberación del ex dictador ante las autoridades británicas.
El juicio que abrió Guzƒá !Tapia contra Pinochet lo responsabiliza como "autor intelectual" de 57 de los homicidios atribuidos a la caravana militar, pero también lo acusa del "secuestro calificado" de otros 18 presos políticos, cuyos cuerpos nunca aparecieron.
El secuestro, desde la perspectiva de algunos juristas, es un delito "de acción permanente", que se mantiene en el tiempo mientras no aparezca el secuestrado y, en consecuencia, no queda cubierto por ninguna amnistía.
Además de este juicio en Santiago, Pinochet enfrenta desde el 27 de octubre un pedido de extradición de la justicia argentina, que lo vincula al asesinato en Buenos Aires del ex jefe del Ejército chileno general Carlostigaciones por el áee[inato en Washington del ex canciller socialista Orlando Letelier y su secretaria Ronnie Moffit, el 21 de septiembre de 1976.
Ambos atentados, con bombas explosivas instaladas bajo los automóviles de Prats y Letelier, fueron ejecutados por agentes de la DINA, la policía secreta del régimen de Pinochet, según los antecedentes que reunieron los tribunales de Buenos Aires y Washington.