Lucha contra autodefensas ha sido de trascendencia, dice Vicepresidente Bel

BOGOTÁ.--- Por primera vez desde que las Farc congelaron el proceso de negociación política, el Gobierno de Colombia respondió hoy la exigencia de aclarar su presunta complicidad o inacción frente a los grupos de Autodefensa.
El vicepresidente de la República, Gustavo Bell Lemus, aseguró que en los últimos cinco años han sido capturados 243 integrantes de las Autodefensas, 517 han recibido medidas de aseguramiento y 311 han sido objeto de resoluciones acusatorias.
El funcionario habló durante el quinto aniversario de la 'Unidad de Derechos Humanos' de la Fiscalía General de la Nación.
El Vicepresidente respondió --sin mencionar con nombre propio a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-- la exigencia al Presidente de la República y a su Gobierno de aclarar "al país y al mundo su posición oficial frente al terrorismo paramilitar" y de desarrollar "políticas para liquidarlo".
Bell dijo que "esta lucha, cuya magnitud conviene subrayar rotundamente, se ha visto concretada en la expedición durante el lustro de su existencia de 517 medidas de aseguramiento, 311 resoluciones de acusación en contra de miembros de los grupos de autodefensas así como la detención, en cooperación con la Policía Judicial, de 243 de los mismos, y la existencia de 300 órdenes de captura vigentes".
Y después expresó: "si a esto se agregan las 119 medidas de aseguramiento, las 64 resoluciones de acusación, así como la detención de 46 integrantes de la subversión al igual que las 248 órdenes de captura, podemos empezar a aproximarnos a la ingente tarea desarrollada en contra de los principales responsables de infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario y de violaciones a los Derechos Humanos."
En su parecer ha habido "sentencias de indudable trascendencia" como la del asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas, las masacres de 19 comerciantes en el Magdalena Medio o las de indígenas caucanos en Los Uvos y Caloto.
El Dignatario consideró que ha habido "avances significativos" en los repugnantes asesinatos de los investigadores del Cinep (Mario Calderón y Elsa Alvarado y el padre de ésta) y de Jesús María Valle, activista de Derechos Humanos en el Departamento de Antioquia.
Según Bell, esos resultados han sido posibles por el trabajo conjunto de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación y la Vicepresidencia de la República.
Además destacó la labor del 'Comité Especial de Impulso y Seguimiento de Casos', el 'Programa de Protección a Defensores de Derechos Humanos y del recientemente creado 'Grupo Técnico de la Comisión Intersectorial Permanente de Derechos Humanos.
El trabajo no ha sido fácil porque los investigadores han avanzado "en medio de adversas circunstancias de atentados, amenazas y hostigamientos en su contra". Por ello, les reconoció su "valor civil" y su actitud "incansable" y "abnegada".
El Gobierno Nacional reconoce que en Colombia hay una "naciente sensación de esperanza" gracias a los logros del trabajo conjunto de la Fiscalía y de la Vicepresidencia, especialmente por las investigaciones contra los grupos de Autodefensa.
Para destacar "la envergadura del esfuerzo material y humano" de los investigadores colombianos, Bell comparó su trabajo con el del Fiscal designado para los crímenes de lesa humanidad en la antigua Yugoslavia. Sin desconocer el valor intrínseco del Fiscal radicado en La Haya, Bell informó que aquel funcionario ha proferido 36 resoluciones acusatorias, con toda la cooperación internacional y el apoyo de las Naciones Unidas y con una ventaja adicional: Yugoslavia vive en una era de postconflicto. En Colombia, en medio de la guerra, la Fiscalía ha proferido ya 311 resoluciones de acusación.
El pronunciamiento de Bell ocurrió hoy, cuatro días después de que las Farc-Ep cuestionaron el encuentro del ministro del Interior, Humberto de la Calle Lombana, con el jefe máximo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño y condicionaron su presencia en la Mesa Nacional de Diálogo y Negociación que discutíaun cese el fuego y de hostilidades.
En esa oportunidad, el Gobierno explicó que se trataba de gestiones estrictamente humanitarias para facilitar la liberación de siete congresistas secuestrados por esa organización armada y que, en ningún caso, podía ser interpretado como un signo de reconocimiento político.