Incremento del 9.23 ordena la Corte

Bogotá.--- La Corte Constitucional notifico al gobierno la sentencia que tumbo la congelación de salarios para la mayoría de los trabajadores estatales y en la que ordena perentoriamente que se incrementen, con retroactividad al primero de enero pasado, en un porcentaje similar a la inflación del 99 que fue del 9.23 por ciento.
El aumento en los salarios, para cerca de 650 mil servidores públicos, deberá hacerse antes de diciembre próximo. Textualmente la Corte dijo:
"Que no es argumento suficiente, para desconocer el ajuste del salario a los servidores públicos, la situación fiscal del país, pues esta requiere de un manejo ajustado a los ordenamientos constitucionales y de éstos surge, con claridad meridiana, el deber constitucional para el gobierno, de conservar el valor del salario, haciendo como lo determina la Ley, los ajustes periódicos por inflación, así como los incrementos adicionales que se justifiquen, atendiendo los diferentes factores de orden político, social y económico".
Insiste en su fallo que tanto el gobierno como el Congreso de la República, violaron la carta política porque desconocieron el deber constitucional y legal de ajustar los salarios de todos los servidores públicos a partir del primero de enero de este año.
Para la Corte, el gobierno y el Congreso dieron un tratamiento discriminatorio a un vasto sector de trabajadores estatales bajo el criterio de que la mayoría de ellos deben hacer un sacrificio como contribución al saneamiento de las finanzas publicas.
El Tribunal advierte que dicho tratamiento rompe el principio de la igualdad en la medida en que la situación de todos los trabajadores, esta igualmente afectada por la situación económica y, en especial, por el fenómeno inflacionario.
El gobierno evalúa el alcance de la sentencia. El ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, había señalado que de tener la sentencia el alcance que efectivamente se dio a conocer el problema fiscal del Estado se agravaría y en consecuencia habría que endurecer el ajusto al gasto e inclusive, el régimen tributario.
El cumplimiento de la sentencia tendrá un costo fiscal cercano a los 800 mil millones de pesos. Para obtener esos recursos, el gobierno tendrá que presentar con mensaje de urgencia un proyecto de adición presupuestal. Simultáneamente se recortaran otras partidas para compensar fiscalmente el fallo, indicaron las autoridades.