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Paraguay: la reforma del Estado es una prioridad

La reforma del Estado en Paraguay está planteada como uno de los temas prioritarios del país, aunque existen visiones divergentes respecto al compromiso del gobierno para aplicarla y de cómo debe intstrumentarse.

ASUNCION, Mayo 27 (AFP) - La reforma del Estado en Paraguay está planteada como uno de los temas prioritarios del país, aunque existen visiones divergentes respecto al compromiso del gobierno para aplicarla y de cómo debe intstrumentarse.
Juan Ernesto Villamayor, ministro de la Reforma, afirmó este sábado a la AFP que "existe voluntad política para emprender la reforma".
Ricardo Rodríguez Silvero, analista económico, indicó que el gobierno "no tiene voluntad política, porque ha desmostrado que en vez de reducirlo, ha agrandado el Estado".
A su vez, el analista económico Pablo Herken afirmó que la reforma "no es cuestión de voluntad sino de necesidad, porque la situación fiscal es muy mala".
"La reforma es un tema que se viene sacudiendo desde hace diez años, pero nadie la aplica", dijo el ministro, quien añadió que existe una "necesidad" de emprenderla.
Consultado respecto a si la cercanía de los comicios vicepresidenciales de agosto afectaba la instrumentación de la reforma, Villamayor afirmó que los costos políticos de no aplicar la reforma son mucho mayores que los de hacerlo.
"El objetivo de la reforma es transformar un aparato improductivo en algo productivo y eficiente, abriendo camino a la iniciativa probada, la capitalización, y el desarrollo", dijo Villamayor.
Rodríguez Silvero afirmó que el gobierno ha dado pasos "muy tímidos", en tanto que Herken señaló que "el gobierno no está dando señales de cara a la reforma".
Villamayor dijo que "el 97% de los gastos no presupuestados efectivamente realizados" se van en pagar los salarios de los 200.000 funcionarios públicos que alberga el Estado.
Preguntado si la reforma podría generar desbordes sociales, el ministro indicó que el "escenario que podemos prever es el despido de funcionarios estatales. Existe un 16% de desempleo efectivo y hay un 60% de empleo informal. Hay que resolverlo. No se trata de pasar de una cosa a la otra, sino de mitigar la contingencia social".
En ese sentido, tanto Rodriguez Silvero como Herken dijeron no creer que se produzca un estallido social, y ambos afirmaron que el gobierno tiene bastante margen de maniobra para aplicar los cambios.
Acerca de un pendiente aumento de tarifas públicas -sólo auemtó el gasoil un 41,8%-, Villamayor dijo que los entes estatales del agua y los teléfonos están en el marco de la ley de privatización -que ya cuenta con media sanción en el Congreso- y explicó que las tarifas no aumentaron como se esperaba porque aún se está estudiando el tema: "no podemos aplicar un ajuste para financiar la ineficiencia de esas empresas", aseveró.

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