GOBIERNO AUTORIZA LA REAPERTURA DE LA MINA DE AZNALCOLLAR

El Gobierno regional de Andalucía autorizó a la empresa sueco-canadiense Boliden a reabrir la Mina de Aznalcóllar, en el sur de España, que en abril de 1998 causó un desastre medioambiental al verter sobre la zona una riada de lodos tóxicos.

La Consejería de Industria de Andalucía explicó en un comunicado que Boliden podrá reiniciar la actividad minera, aunque un portavoz de la empresa señaló que no ha decidido todavía si le interesa seguir invirtiendo en la zona.

El expediente de reapertura ha contado con informes favorables del Instituto Tecnológico Geominero de España, de la Confederación Hidrográfica del río Guadalquivir, del Patronato del Parque Nacional de Doñana y de la Consejería de Medio Ambiente, así como la oposición de diversas organizaciones ecologistas.

El portavoz de Boliden-Apirsa, Alejandro de Antonio, manifestó la "alegría" de la empresa por la autorización obtenida, pero indicó que "tenemos que estudiar las condiciones para determinar si la empresa es viable técnica y económicamente".

De Antonio explicó que los técnicos de la empresa minera realizarán un informe "exhaustivo en el plazo más breve posible", aunque apuntó que los resultados no se conocerán esta semana porque todos los informes tienen que ser traducidos al inglés y enviados a Toronto (Canadá), donde se encuentra la sede central de la compañía.

La dirección de la empresa en Toronto será la que tome la decisión de reanudar o no la actividad minera en Aznalcóllar en función de la prospección de mercado a medio y largo plazo de los metales que se extraen de la mina, fundamentalmente el zinc.

La organización ecologista Greenpeace emitió un comunicado en el que asegura que la concesión de los permisos a la mina se debe a "una decisión política que no responde a argumentos medioambientales", y que se hace "a costa de Doñana".

La Mina de Aznalcóllar, en la provincia andaluza de Sevilla, sufrió el pasado 25 de abril la rotura de su balsa de residuos, lo que causó el vertido de, al menos, cinco hectómetros cúbicos de aguas ácidas y lodos tóxicos al río Guadiamar y amenazó la fauna y flora del Parque de Doñana, uno de los ecosistemas más ricos de Europa.

La contaminación de 6.000 hectáreas de terrenos -3.000 de ellas agrícolas y muy fértiles por su proximidad al río- y de 40 kilómetros de cauce, así como una zona de marismas limítrofes con Doñana fueron algunas de las consecuencias directas del siniestro.

Tanto el Gobierno de Andalucía como el Gobierno central tuvieron que emprender el año pasado planes especiales para afrontar el desastre, por valor superior a 10.000 millones de pesetas cada uno (66 millones de dólares), y sólo en la limpieza de los terrenos afectados se invirtieron 6.000 millones de pesetas (40 millones de dólares).

Mientras un informe encargado por Boliden asegura que la balsa siniestrada cedió por un movimiento del subsuelo provocado por la acumulación de residuos, un juzgado de Sevilla instruye el proceso que determinará quien deberá pagar los daños causados por el vertido