MAYORIA DE LA CAMARA BAJA SE REBELA ANTE CORTE SUPREMA

Los 110 congresistas colombianos que en 1996 absolvieron al presidente Ernesto Samper de responsabilidad en el narcoescándalo, se rebelaron dos años después contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia de investigarlos por presunta prevaricación.

La mayoría de los involucrados en la nueva causa que se deriva del "narcoescándalo" concluyeron el jueves una larga sesión de estudio de su caso con una vehemente declaración pública que supuso un enfrentamiento con el alto tribunal.

Si bien los políticos aseguraron que, como respetuosos del estado de derecho, asumen la responsabilidad de sus acciones parlamentarias, advirtieron que sólo conciben tal obligación "dentro del respeto a la Constitución y a la ley".

El presidente de la Sala Penal de la Corte, Jorge Córdoba Poveda, aceptó el derecho a la defensa que asiste a los parlamentarios, pero dijo que la causa sigue su marcha.

"La Corte se ceñirá al camino que le señalan la Constitución y la ley", sostuvo el magistrado, quien aludió al "choque de trenes" (entre los poderes Legislativo y Judicial) que previó Samper una vez que se enteró de la apertura de esta investigación.

Córdoba no dejó de recordar que normas de los códigos colombianos establecen que ciudadanos vinculados con procesos judiciales que no acudan a las diligencias serán detenidos.

Para los congresistas el auto del 24 de junio mediante el cual la Corte Suprema de Justicia les llamó a declarar viola el ordenamiento jurídico del país.

La corporación vinculó a estos congresistas con una causa por prevaricación, delito en el que pudieron incurrir al haber exonerado de responsabilidad en el "narcoescándalo" a Samper.

Por 111 votos contra 43 un pleno de la Cámara de Representantes reunido en junio de 1996 decidió cerrar una investigación en la que Samper comparecía acusado de enriquecimiento ilícito, encubrimiento y falsedad.

La causa fue promovida por el entonces fiscal general, Alfonso Valdivieso, que impulsó un gigantesco proceso sobre la financiación de campañas políticas con "narcodinero", incluida la de Samper, que recibió más de cinco millones de dólares del Cartel de Cali.

Un primer proceso contra el gobernante abierto a mediados de 1995 no pasó de la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara baja, que en diciembre del mismo año alegó falta de pruebas para proseguirlo.

Gran parte de los parlamentarios llamados a declarar por la Corte acudieron el jueves a la sede del Congreso para definir por consenso una defensa conjunta.

Después de más de siete horas de discusiones, una asesora de prensa de la Cámara baja salió del recinto de sesiones y leyó ante los periodistas una declaración pública que los políticos dirigieron al "pueblo colombiano".

"En nuestro ordenamiento jurídico no es posible adelantar proceso penal alguno por los votos y opiniones emitidas en ejercicio de funciones, sean legislativas, judiciales o de control político", dice un aparte de la nota.

Los parlamentarios basaron su opinión en un artículo de la Constitución que plantea que "los congresistas serán inviolables por las opiniones y votos que emitan en ejercicio del cargo".

En la declaración, los políticos advierten que agotarán los instrumentos y recursos que les brindan la democracia y el estado de derecho "para hacer valer y respetar el mandato soberano que el pueblo colombiano nos ha conferido para el cumplimiento de nuestra función parlamentaria".

La intervención de la Procuraduría General fue además reclamada por los diputados, quienes acordaron dar a conocer su caso en los ámbitos de la Unión Interparlamentaria Mundial, los parlamentos Europeo, Latinoamericano, Andino y Centroamericano y las comisiones de derechos humanos de las organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) y de los Estados Americanos (OEA).

Pocos de los involucrados accedieron a hablar con los periodistas a la salida de la reunión.

"No vamos a ventilar nuestra defensa ante los medios de comunicación", declaró la congresista liberal Marta Catalina Daniels en tanto que Francisco Velásquez, su coreligionario del Partido Liberal se reafirmó en el comunicado al decir que "aquí hay una flagrante violación de la Constitución".

Un tercer parlamentario, Heyne Mogollón, que encabezó la mayoría parlamentaria favorable a Samper, no hizo declaraciones.